Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, ha escuchado las denuncias de corrupción formuladas por los medios de comunicación de su país, y sólo en el Ministerio de Transporte ha cancelado 14 funcionarios, incluido el ministro, quien pertenece a un partido aliado al gubernamental Partido de la República.

No sorprende que la presidenta de Brasil actúe de ese modo, y pida explicaciones a sus aliados políticos, al tiempo que los deja fuera de los cargos que les asignó. La posición pública es de servicios, en Brasil y en cualquier parte del mundo, y no puede ser utilizada para beneficio personal ni para favorecer el enriquecimiento de los funcionarios.

El cualquier sociedad que se respete, donde exista un mínimo de pudor y decencia, los funcionarios públicos dan explicaciones, cuando son acusados, y se separan de los puestos para ser investigados. Y la autoridad máxima ordena que los órganos responsables de la transparencia (Contraloría, Cámara de Cuentas, Ministerio Público, Justicia) actúen y hagan respetar las leyes.

Un cable de la agencia EFE, dado a conocer en los medios dominicanos, se cuenta lo siguiente: “Desde que fueron publicadas en la prensa denuncias de fraudes en contratos públicos y desvíos de recursos públicos en el Ministerio, a comienzos de este mes, ya han sido destituidos doce funcionarios, en tanto que el director del DNIT fue separado del cargo provisionalmente y el propio ministro, Alfredo Nascimento, presentó su renuncia presionado por las acusaciones de corrupción”.

Es admirable que así sea, y que la gente tenga pudor y algo de vergüenza. Si públicamente se les cuestiona por casos en los que están involucrados recursos del presupuesto, soborno, nepotismo y otras variantes de corrupción, lo correcto es que los funcionarios señalados sean los primeros en pedir que se hagan las indagaciones, en poner los documentos sobre la mesa, y en procurar que los investigadores sean quienes determinen, con independencia y sin prejuicios, que las denuncias son falsas.

Eso es lo que ocurre en los países con institucionalidad. Y donde el ejecutivo principal, en este caso la ejecutiva, pone su sello de identidad en movimiento, para que los demás funcionarios se enteren y actúen con la prudencia debida para no resultar sorprendidos en indelicadezas que podrían costarles no solamente el cargo, sino también el honor.

La presidente brasileña, Dilma Rousseff, ha dado un buen ejemplo. Envió una señal clara a sus funcionarios y colaboradores que estos errores o irregularidades no son admisibles y que los medios de comunicación, además de informar desempeñan una función de auditoría social en beneficio de la sociedad.

En la República Dominicana existe la libertad de prensa y de expresión. En los medios se hacen y colocan denuncias con mucha frecuencia. Se investiga y se audita. Sin embargo, ni los funcionarios denunciados ni el ejecutivo actúan con la prontitud y responsabilidad que debían hacerlo, en la defensa de los bienes públicos. Una denuncia sepulta la anterior y todo el mundo sigue campante en las mismas acciones, sin rendir cuentas ni tener el pudor de renunciar. Una verdadera pena.