Santiago es una ciudad indignada con el sistema de justicia, y en particular contra el magistrado Gabriel Marchena.

El asesinato de la joven Gleydi María Muñoz Gómez, aparentemente ocurrió en forma premeditada. Su novio o compañero, Pedro Luis Báez, la asesinó en un motel, y el magistrado del Departamento de Atención Permanente del Juzgado de Instrucción de Santiago, decidió dejar en libertad al confeso asesino, con apenas el pago de una fianza de 150 mil pesos.

Tres niños quedaron huérfanos y una familia ha sido devastada. Pero el criterio del magistrado Gabriel Marchena es que lo prevaleciente en este caso debe ser la libertad del criminal, en lo que se conoce el juicio de fondo del proceso.

El confeso asesino dice que desearía estar muerto, que no sabe cómo ocurrieron los hechos, pero que la víctima le fue encima con un cuchillo y que ella resultó muerta, con una puñalada en el pecho. El victimario tiene 46 años y la víctima 26.

El confeso asesino, que dice desear la muerte, consiguió que el tribunal que preside Gabriel Marchena le concediera la libertad. Es una potestad del tribunal y de ese juez, porque entiende que no hay peligro de fuga ni de que el victimario siga matando a otras personas. El asesino ha dicho que desea su propia muerte.

Aquí hay varios problemas. En primer lugar, es una irresponsabilidad de la justicia poner en libertad a una persona que tiene instintos autodestructivos, y que previamente ha matado a la persona que decía amar. En segundo lugar, el papel de la justicia debe ser, además de tratar de reparar el daño a la sociedad, evitar que ocurran nuevos crímenes. En tercer lugar la garantía económica pagada por el imputado es insignificante. No se trata de un problema de dinero.

Como ha dicho el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, los jueces deben ser sensibles frente a una epidemia criminal por razones de género. Las mujeres son víctimas de crímenes y la sociedad debe tratar de detener estos crímenes y la violencia de género. Si no hay una actitud firme contra estos sucesos, los hombres con instintos misóginos seguirán matando a las mujeres, porque sentirán que no existe un sistema de consecuencias, y con 1,500 mil pesos se consigue la libertad bajo fianza.

El otro problema es que el plantea la representante de la sociedad, en este caso la fiscal de Santiago, Yeny Berenice Reynoso, quien responsable y personalmente asumió la decisión de desacatar la decisión del juez Gabriel Marchena.

El desacato es un agravio a la majestad de la justicia y a la autoridad del tribunal. Pero personalmente la fiscal ha dicho que, aunque la sancionen, no acepta la decisión. Es decir, se trata de una rebeldía contra una decisión de un juez que califica como injusta. En ese desacato, la fiscal ha encontrado el apoyo de la sociedad, y en particular de los grupos de mujeres que trabajan para reducir la violencia de género.

Siempre se ha dicho que la rebelión se impone, en este caso el desacato, cuando la autoridad trata de imponer una decisión a todas luces injusta y fuera de lo que en evidencia es la justicia. Hay un choque de poderes. Corresponde que tan pronto como sea posible la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República tomen una decisión. O que la discutan. En ambos organismos hay sensibilidad sobre la violencia de género y la plaga de feminicidios que afecta a la sociedad dominicana.

El juez Marchena no parece ser ejemplo de buen administrador de justicia. En su tribunal uno de sus colegas rompió en la cara de las mujeres que fueron allí a quejarse un documento que previamente le había entregado la abogada y defensora de los derechos de la mujer Susi Pola. Es una pena que las cosas lleguen a estos extremos, cuando de por medio hay una mujer asesinada y tres niños y niñas que quedaron huérfanos, más un criminal que desea redimirse suicidándose. Que no se redima, que pague en justicia el daño que ha infringido. Y que la justicia cumpla su papel, claro con responsabilidad.