El gobierno francés le ha jugado sucio a la justicia dominicana, y de paso también ha afectado a las autoridades del gobierno central y a la sociedad dominicana.
En las primeras informaciones ofrecidas sobre la fuga de dos pilotos franceses, condenados a 20 años de cárcel en la República Dominicana por tráfico de 700 kilos de cocaína, se vendió la impresión de que hubo un descuido de las autoridades dominicanas. Los dejaron ir, fue la impresión que se ofertó en las primeras informaciones, y que la falta de previsión y la ausencia de mecanismos de control en la entrada y salida del país posibilitó la huida de los pilotos Pascal Faure y Bruno Odos.
Después surgieron otros datos. Un eurodiputado francés, Aymaric Chauprade, estuvo en el país el pasado 17 de octubre, día que cenó con los dos pilotos, y fue este diputado quien creó una coartada alquilando un helicóptero, cuando en realidad sujetos camuflados -se desconoce si eran oficiales franceses- daban apoyo por mar a los dos condenados para evadir la justicia y llegar hasta su país.
La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, ha dicho que se tienen evidencias de que el gobierno francés intervino y fue parte de la trama para que la fuga fuera efectiva. Muy rápidamente, el vocero del gobierno de Francia, Stéphanie La Foll, anunció que su país no extradita a ciudadanos franceses “después que están en nuestro suelo”.
Cuando se unen todos los datos de este extrañísimo suceso, uno se da cuenta de que algo fue tramado por el gobierno francés para ayudar a sus dos pilotos narcotraficantes. El avión Falcon utilizado para el transporte de la droga, y detectado en la República Dominicana, se le denomina en Francia “Air cocaína”.
Los fugados, ahora en su país, dicen que en la República Dominicana no existe la justicia y que todo fue planificado para condenarles, siendo ellos inocentes. Sobre este caso hubo mucha presión, precisamente de las autoridades francesas. Incluso, se recuerda que la asociación de pilotos de Francia organizó un boicot por un tiempo contra los vuelos hacia la República Dominicana.
Se recuerda que en 2009 el Ministro francés de Cooperación, Alain Joyandet, visitó la República Dominicana, y acudió a una carcel de Santiago, a visitar a dos jóvenes francesas en prisión por tráfico de droga. Eran ellas Celine Fayé y Sarah Zaknoun, condenadas a ocho años de prisión cada una por narcotráfico.
El entonces procurador general de la República, Radhamés Jiménez, aceptó firmar un acuerdo entregando las jóvenes para que retornaran a su país, y de inmediato las autoridades francesas le hicieron un gran desplante al procurador y al país, al dejarlo esperando en una especie de acto protocolar de la entrega de las prisioneras que él organizó.
El embajador de francia, en ese momento, Roland Dubertrand, fue el responsable de una parte de la presión sobre las autoridades dominicanas, y Alain Joyandet quiso venderse en Francia como un héroe por haber rescatado de una cárcel dominicana, vale decir un antro del medioevo, a dos ciudadanas de un país civilizado.
El actual embajador francés en la República Dominicana, José Gómes, acaba de llegar al país, y personalmente no tiene -habría que suponer eso- responsabilidad en la trama. Será la fiscal Yeni Berenice Reynoso quien ofrezca los datos o las pruebas de que el gobierno francés estuvo tramando contra las autoridades dominicanas, para ayudar a los pilotos condenados a evadir su responsabilidad penal en la República Dominicana.
El gobierno dominicano tiene una variedad de opciones para demostrar su indignación por una actuación insensata del gobierno francés. A los franceses le importa más la política interna -y la rentabilidad de decisiones como esta- que lo que haga el gobierno dominicano. Sin embargo, si las relaciones entre países existe el principio de la equidad, este es un momento para que el gobierno dominicano reivindique su dignidad y su respeto.