La termoeléctrica de Punta Catalina (CTPC) ha generado la polémica publica más agria y controversial de las últimas décadas. Eso no sorprende por ser esta la más grande y costosa obra publica de toda nuestra historia. Aunque su entrada en operación ha amainado la barahúnda de la controversia, ha quedado un halo de oscura duda y sospecha respecto a algunos aspectos de su gestión de construcción, costo y rasgos tecnológicos. Ya que la anterior gerencia de la CDEEE se caracterizó por su opacidad con la información, la opinión pública y los intereses colectivos requieren que las nuevas autoridades clarifiquen la situación con máxima diafanidad.
El nombramiento de Serafín Canarios como el nuevo Administrador de la TPC se ha recibido con beneplácito porque se reputa como un buen técnico. Queda por aclarar si se ha cambiado el plan anunciado previamente de que la planta seria manejada eventualmente por una empresa especializada a ser seleccionada por concurso. La nueva administración debe, de todos modos, comenzar por aclarar la situación respecto a las pruebas VEROPE y McHale y en qué medida se han satisfecho los requisitos del Organismo Coordinador. Y como el Ministro de Energía y Minas declaro que la disolución de la CDEEE tomaría entre tres y seis meses deberá también anunciarse a cargo de quien quedaría en adelante la CTPC en la estructura del Ministerio.
Atinadamente, las nuevas autoridades han anunciado una auditoria forense de la planta para determinar su verdadero costo. El administrador saliente ha afirmado que la inversión ha sido de US$2,454 millones y el Ministerio de Hacienda había fijado su valor de mercado en US$2,600 millones. Sin embargo, diversos analistas autorizados afirman que la inversión total llega a los US$3,300 millones, con una posterior estimación de US$3,953 millones. Es preciso que la auditoria forense, a ser contratada por licitación pública internacional, determine la cifra final para así poder mejor evaluar su valor de mercado y el retorno de la inversión.
La Cámara de Cuentas auditó la obra y entrego su informe en diciembre del 2017. Concluyó que la inversión a esa fecha montaba los US$2,120 millones y que todo se había manejado “conforme a las normas de auditoria y las guías profesionales.” Participación Ciudadana, sin embargo, criticó duramente el informe porque “no se realizaron investigaciones especiales ante la presunción de la existencia de irregularidades tipificadas por el Código Penal o por leyes especiales, limitándose los auditores a revisar los registros, contratos y facturas de la cuenta de la CDEEE.” De ahí que la auditoria fuera solo contable y no de verificación forense. Se puede presumir que el análisis forense incluirá el contable casi tres años después de la auditoria de la Cámara de Cuentas.
Debido a la incertidumbre sobre el costo total de la planta no es posible afirmar que el costo de los terrenos fue solo un 0.29% de la inversión como dijo el antiguo administrador. Convendrá saber, de cualquier modo, si los US$6.9 millones se pagaron o restan por pagar (aunque el precio de US$5 por metro cuadrado parece ajustado). Parecería que esa suma podría haberse pagado con la recuperación, recomendada por la Comisión designada por el presidente Medina, de los US$6.5 millones de la comisión de compromiso pagada al BNDES por el financiamiento que no llegó a prestar. Conviene pues saber si se recuperó ese dinero y la razón de no reclamarlo si no lo han recuperado.
Conviene saber, por supuesto, cual es el balance del endeudamiento del país por cuenta de Punta Catalina. ¿Se pagaron todas las obligaciones que se desprendieron del acuerdo arbitral (US$395.5 millones), el cual no llegó a ser un laudo porque hubo arreglo antes de llegar al tribunal? En vista de que no se conoce el texto del acuerdo es necesario que se aclare si, como lo reporta el rumor público, el acuerdo exime a Odebrecht de todo tipo de responsabilidad penal que pudiera incoarse contra ella, incluyendo el pago de multas por atraso en la ejecución y cualquier otro tipo de ilícito. También deberá aclararse si ya el Estado pagó la totalidad del fondo de contingencia (US$336 millones) y/o los US$59.5 millones restantes.
De igual modo, conviene saber si Odebrecht liquidó su préstamo con el Banreservas –ascendente a US$300 millones—y si el Ministerio de Hacienda ha asumido como deuda publica externa el financiamiento de los bancos europeos (US$253.8 millones). ¿Quedó la CDEEE libre de acreedores por Punta Catalina? Convendría saber, por otro lado, si el Estado ha quedado con alguna deuda pendiente con consultores y asesores (p. ej. Stanley Consultants). No hay que olvidar que el gobierno había anunciado la contratación de Guggenheim Securities para que lo asesorara en la licitación de la venta parcial de la TPC, pero si juzgamos por las declaraciones de la Comisión de Energía del PRM, esa venta no se llevaría a cabo por ahora. ¿Cobró Guggenheim el total de sus millonarios emolumentos sin que se realizara la venta?
El anterior administrador de la CTPC se jacto hasta la saciedad de decir que su operación produciría un beneficio neto anual de US$250 millones, con otra cantidad igual de ahorro de parte de las distribuidoras. Para juzgar en que medida eso representa un retorno a la inversión aceptable (ya sea privada o social), por supuesto, habría que precisar, como se señaló más arriba, el monto total de inversión. El otro elusivo dato seria el del precio al cual la CTPC está vendiendo la energía a las distribuidoras. Según fuentes consultadas ese precio es de 8.5 centavos de dólar el kvh.
¿Por qué el precio de venta es US$0.085 y no US$0.075 como había pregonado el presidente Medina en varias ocasiones? ¿Cuál es la diferencia entre el costo de producción y el precio de venta? ¿Cuál es la justificación de haber aumentado el precio de venta a un comprador que es el mismo Estado? Obviamente se esta tratando de generar un surplus cuyo destino no se ha esclarecido. ¿Cuál es el costo del carbón? ¿Cuál es la proyección de estos valores para los próximos cinco años? Todos estos aclarando deben constar en un reporte especial que elaboren las nuevas autoridades para brindar diafanidad a una usina que ha estado sumida en la oscuridad, aunque su principal objetivo es producir luz.
Finalmente, conviene que las nuevas autoridades se pronuncien con respecto a la posible conversión a gas de la planta. Hace tiempo que sectores de la sociedad civil han montado un cabildeo perseverante abogando por eso y alegando que el costo de la conversión no representa un valladar insalvable puesto que existe financiamiento barato para ello. Bajo las presentes circunstancias de las finanzas publicas no parece aconsejable restar capacidad de endeudamiento al Estado con una aventura mas de la CTPC. Parece preferible que esa decisión se deje para el próximo año.
La CTPC ha representado un trauma nacional de grandes proporciones, especialmente después de que se revelo que la empresa Odebrecht usaba los sobornos de funcionarios para obtener contratos de importantes obras. Cualquier informe final que se elabore para dar respuesta a las interrogantes aquí planteadas deberá entonces incluir una sección sobre el alegado soborno de US$39.5 millones descubierto por un Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación para obtener el contrato EPC de la planta. Si bien la Procuradora General recién nombrada no puede, según lo estipulado en el acuerdo de arbitraje, perseguir penalmente a la empresa, si debe iniciar las investigaciones sobre los sobornos a individuos y empresas. Para ello tendrá que replicar lo que hizo Perú al mandar un equipo de fiscales a Brasil para conocer, mediante una exhaustiva investigación de la documentación del caso Lava Jato, a emparejar los codinomes con los nombres reales de los sobornados. El trauma nacional de la CTPC solo puede desaparecer si la justicia lo remedia.