El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Francisco Domínguez Brito ha emprendido una loable labor de protección de Valle Nuevo, en Constanza. El Parque Juan Bautista Pérez Rancier debe ser conservado y protegido, y es responsabilidad del Estado que así sea, como lo establece la Ley de Medio Ambiente.
Debe reconocerse, sin embargo, que hay derechos adquiridos que no pueden ser mancillados ni violentados. Allí hay familias con muchos años de presencia, de cuidado y protección de las áreas, que son las que han realizado una labor incansable para mantener viva la naturaleza que alimenta tantos ríos y arroyos.
Hay depredadores, es cierto, y hay quienes han cometido crímenes contra el área. Esos no son los que han vivido y trabajado allí por generaciones.
Valle Nuevo tiene las vertientes iniciales de los ríos Blanco, Masipedro, Tireo, Grande del Medio, Las Cuevas, Banilejo, Ocoa, Nizao, Jimenoa y Constanza; cuencas éstas donde el Estado ha hecho grandes inversiones a través de la construcción de los embalses y complejos hidroeléctricos de las presas de Rio Blanco, Hatillo, Sabana Yegua, Pantuflas; contraembalses Ysura, Jiguey, Aguacate, Valdesia, Las Barias y Jimenoa; y de cuyas aguas se alimentan también los acueductos de Bonao, Constanza, Padre las Casas, Ciudad de Santo Domingo, y los Sistemas de Regadío “Marco A Cabral”, “Nizao-Najayo”, “Ysura” y “Caballero” entre otros. Estos datos los ofrece el viceministro de Medio Ambiente Jhoan Hernández, en la página web del ministerio.
Quienes tienen una historia en Valle Nuevo, y tienen títulos de propiedad, y ofrecen datos sobre la labor de cuidado que han tenido durante las últimas décadas, deben ser compensados en caso de que el Estado decida realizar la expropiación de los terrenos.
Una gran cantidad de terreno de Valle Nuevo no pertenece al Estado. Allí hay empresas, sucesiones y herencias que no pueden ser desconocidos en sus derechos adquiridos y de propiedad. Cuando se habla de “ocupantes” desde el Ministerio de Medio Ambiente, en realidad se le está enrolando en una lista de “invasores” ilegales, sin documentos, que han depredado el Parque Juan Bautista Pérez Rancier, y racionalmente no todos caben en ese encasillamiento.
Si el Estado interviene, desaloja, ocupa los terrenos totales del parque para protegerlo, debe compensar a quienes son propietarios y han estado allí por décadas. Los que tienen títulos deben ser desinteresados económicamente o con permutas en otros lugares.
No se trata de que ahora el Ministerio de Medio Ambiente le haga favores a los “pobres” que han ocupado allí las tierras, y las han convertido en conucos, y las han cultivado a expensas de destruir una reserva natural. ¿Qué pasará con los propietarios que han conservado sus terrenos, que no los han depredado y que tienen sus títulos de propiedad, legal y original desde hace más de 80 años?
Ningún propietario de Valle Nuevo puede ser despojado de lo suyo sin ser compensado. Es lo que mandas la ley y es lo que ha ocurrido, por ejemplo en ese mismo parque, con una parte de la familia Guzmán, en la administración del presidente Hipólito Mejía. ¿Por qué antes sí hubo indemnización y ahora no?
Hay quienes pueden considerar que el desalojo debe ser a todos los que allí ocupan terrenos, y no compensar a nadie es lo justo, pues esas tierras ya han pagado el valor con lo que han aportado a quienes tienen título. Sin embargo, el Estado reconoce el derecho a la propiedad privada, y admite y legaliza los derechos patrimoniales en casos de herencias o compras, avaladas por documentos verdaderos, siempre y cuando se hayan pagado los impuestos correspondientes.
En el caso de Valle Nuevo no puede cometerse un atropello contra quienes tienen derechos adquiridos desde hace muchas décadas. Que lo reflexione el señor ministro de Medio Ambiente.