Luego del comunicado de martes en la noche, suspendiendo el concurso que patrocinaba el Ministerio Público, para 28 nuevas posiciones que serán llenadas por fiscales de carrera, debemos sentirnos satisfechos por lo que esta “prórroga” significa, en términos de respeto a la institucionalidad de un departamento tan importante como el que maneja la política criminal del Estado.
Nosotros felicitamos al Procurador General de la República por acoger en el Consejo Superior del Ministerio Público esa suspensión o “prórroga”. El comunicado, sin embargo, tiene un contenido que debe ser leído con cuidado y haciendo pausas, porque en los hechos lo que está ocurriendo es algo igualmente lesivo a la institucionalidad y al respeto del derecho que tienen otros profesionales del derecho a optar por posiciones relevantes.
El término que utiliza el Consejo Superior del Ministerio Público es “prorrogar”, para luego decir que “debiendo respetarse y salvaguardarse los derechos de los miembros de la carrera que han participado en el concurso CIT-01-2020 en las fases de evaluación curricular, historial laboral…”.
Esto lo que significa es que cuando se le de continuidad al concurso, en la fecha que decidas el Consejo Superior, sólo van a participar los que aplicaron dentro del plazo original hasta el 22 de febrero, y que serán los únicos que participarán. Con esta parte del comunicado las piezas del concurso quedarán amarradas a la planificación. Se sabía quiénes serían escogidos, y nadie sabe bajo cuáles compromisos políticos o éticos se hicieron estos amarres.
Nos queda la impresión de que la Procuraduría General de la República está amarrando para el futuro un concurso que no debe realizarse en estos momentos de elecciones ni en el período de transición, entre mayo y agosto de este año. Como si los actuales titulares fueran más inteligentes y sabios que todos los demás ciudadanos que miran casi espantados estos silogismos oficialistas de Jean Alain Rodríguez y su equipo.
Esto que decimos queda confirmado en el último párrafo del comunicado, cuando dice: “el concurso CIT-01-2020 continuará el proceso cuando el Consejo Superior del Ministerio Público lo disponga, reanudando el mismo en el decimoctavo día hábil de la publicación del aviso y de las bases de concurso, correspondiente a la publicación de los resultados de las fases A y B, conforme las fases aprobadas y el nuevo calendario que se establezca mediante resolución.”
Vale decir, no hay posibilidad de otro concurso ni otras bases: los derechos ya fueron adquiridos por los preseleccionados ahora para ocupar las procuradurías especializadas, procuradurías de cortes de apelación y las titularidades municipales que van a concurso, de acuerdo a como fue concebido por el actual equipo que dirige el Consejo Superior del Ministerio Público.
En otras palabras, se reanudará el concurso ya vencidos los plazos para someter candidaturas, por lo que nuevas candidaturas no podrán presentarse. Debe haber, y sabemos que los hay, muchos fiscales que no presentaron candidaturas por entender que el concurso estaba arreglado y que jamás tendrían posibilidades de alcanzar una posición al margen de arrodillarse políticamente a los mandatos que se trazan ahora.
Una versión que ha surgido es que la suspensión o “prórroga” del concurso es únicamente por el período electoral, lo que implica que el Consejo Superior del Ministerio Público, luego de marzo 15, o luego de mayo 17, dará continuidad al concurso. En este caso sería peor que lo hagan después de que se tengan resultados electorales. Tienen que dejar eso para que las nuevas autoridades electas en mayo tomen las decisiones, y no ahora. Por la institucionalidad y por la carrera del Ministerio Público. Sería una irresponsabilidad y un desatino provocar a las autoridades electas en mayo, del partido que sean, a desconocer la carrera del Ministerio Público, con cancelaciones y decisiones de nuevo gobierno que pudieran ser traumáticas para la independencia del Ministerio Público. La historia está llena de casos locales de control de entidades públicas por parte de gobiernos que terminan su mandato, para limitar las decisiones de las nuevas autoridades. Y nunca se logra mantener ese control como fue previsto, ni siquiera con un mismo partido.