La criminalidad constituye hoy por hoy una de las mayores preocupaciones en todas las sociedades, sobre todo por su gran capacidad para contener el desarrollo, y por constituir una seria amenaza contra la integridad de los ciudadanos, en general.
Durante muchos años se han venido desarrollando en el país amplios debates sobre el tema, en los que personas de las más variadas formaciones han dado sus pareceres sobre la mejor manera para combatirla.
Muchas han sido las propuestas que se han formulado en torno a este problema; a mi juicio, la mayoría con amplias posibilidades de producir buenos resultados; sin embargo, las medidas que han de ser adoptadas necesariamente deben ser implementadas como consecuencia de un plan global de combate a la criminalidad, y no de manera aislada, como suele, a veces, sugerirse.
El combate a la criminalidad requiere del diseño de una plataforma cuyos ejes fundamentales estén entrelazados de tal manera que produzca un proceso armónico de activación, funcionamiento y retroalimentación.
Lo que señalo es que, en materia de combate a la criminalidad, no procede que se implementen medidas aisladas, ya que por la naturaleza “sui generis”, estas suelen perder su efectividad.
En esta ocasión, se ha tomado el tema de desarme a la población, entendiendo algunas personas e instituciones que, al hacerlo, lograrían bajar o combatir el componente de la violencia; pero veamos qué tan cierto pueda ser eso.
Cuando se habla de desarmar a la población, ha de entenderse que se trata de las personas con armas legales.
Es cierto que se cometen más homicidios con armas legales que con las ilegales; pero eso es solo porque las armas ilegales no se utilizan para conflictos, sino para actos delincuenciales como asaltos, entre otros y, en el menor de los casos, asesinato por vía del sicariato, y, por lo general, las heridas y las muertes son consideradas daños colaterales casi siempre por resistencias o intentos de capturas.
Alterar el orden de ejecución podría aumentar los niveles de riesgos de los sujetos vulnerables, por lo que el desarme solo puede ser planteado cuando las autoridades hayan disminuido las causas que originaron la necesidad de poseer las armas,
Es cierto que la violencia y los conflictos son los mayores componentes de la criminalidad.
Pero pensar que esa violencia tiene su origen en la proliferación de armas no resiste ningún análisis que justifique, de manera científica, la verdadera razón de ser para su materialización.
La violencia es un fenómeno independiente que se nutre de condiciones y factores individuales que nada tienen que ver con el instrumento que se emplea para exteriorizarla; de manera que con el desarme se lograría que, en gran medida, en las manifestaciones de la violencia se utilicen otros instrumentos de agresión física, como armas blancas y contusas.
En vez de dos vecinos buscar sus armas y batirse a tiros, lo harán a los puños o utilizando armas blancas, con menos poder mortífero, pero no se ha atacado lo que, en realidad, origina el conflicto.
El marido o exmarido ya no disparará contra su pareja o expareja con un arma legal, lo hará con otro instrumento de muerte.
Con el desarme de la población se pretende enfrentar la violencia; pero nos olvidamos del efecto que esta medida puede producir en la delincuencia.
Habría que plantearse un escenario en el que los delincuentes en el país sepan que los niveles de riesgos para operar han sido prácticamente eliminados.
Como se puede observar, la preocupación del Estado por la violencia se enfrenta al temor de los ciudadanos por la inseguridad.
Si bien es cierto que el arma de fuego en manos de los ciudadanos podría acrecentar los riesgos, en casos de conflictos, no es menos cierto que esa misma arma sirve de contención para las acciones delincuenciales, ya que muchos delincuentes se abstienen de ejecutar acciones en lugares donde saben que hay personas bien armadas.
Está claro, pues, que la violencia no la aporta el arma de fuego sino más bien la crispación colectiva, fruto de la anomia social que se asienta en núcleos poco controlados.
Finalmente, considero que, en su momento, ciertamente debe producirse un desarme de la población civil y militar, ya que esto constituye un eje fundamental para el combate a la criminalidad; pero no corresponde a la etapa inicial de la implementación de un plan integral, sino cuando ya, como consecuencia de la aplicación de otros ejes, la delincuencia haya sido controlada. Alterar el orden de ejecución podría aumentar los niveles de riesgos de los sujetos vulnerables, por lo que el desarme solo puede ser planteado cuando las autoridades hayan disminuido las causas que originaron la necesidad de poseer las armas, que no son otras que la galopante y desbordante inseguridad que se vive en la nación dominicana.