El 17 de marzo el gobierno dominicano anunció las primeras medidas para combatir el Covid-19, y de inmediato comenzó a idear escenarios de compensación y apoyo para los grupos más desfavorecidos de la sociedad, especialmente desempleados y trabajadores informales.
No es pequeña la carga. La economía informal representa casi el 60 por ciento de la economía dominicana, y un 40 por ciento del empleo, aproximadamente, del pueblo dominicano.
Desde aquel 17 de marzo hasta hoy han transcurrido 3 meses y una semana. El gobierno hizo aprobar un presupuesto complementario de 150 mil millones de pesos más, para atender las demandas de apoyo por Covid-19, y se han organizado programas para las pequeñas y medianas empresas. Tal vez se han proyectado programas por más de 5 mil millones de pesos para las Mipymes. Muchas empresas han cerrado. Otras están a la espera de que pasemos a las fases 3 y 4 de la desescalada, para comenzar a realizar actividades. Muchas empresas están cerradas y no podrán volver a abrir. Otras se acogieron a la ley de trabajo que permite suspender trabajadores, sin disfrute de sueldos, por un período de tres meses. Esos tres meses se van cumpliendo, y deberán tomar una decisión, de cancelar sus contratos de trabajo o retomarlos, y asumir a esos trabajadores en sus nóminas.
El Covid-19 nos ha dejado unos desafíos importantes en materia de salud. La calidad del sistema de atención, la red hospitalaria lesionada, pese a la extraordinaria inversión gubernamental en hotelería hospitalaria. No se puso atención a la calidad de atención, ni a la mejoría de las condiciones de la red de servicios. Nuestro sistema de atención en salud es muy costoso, y el gasto de bolsillo en salud en que incurren las familias dominicanos sigue siendo oneroso, porque sobrepasa el 30 por ciento de los ingresos de las familias. El Covid-19 ha desnudado nuestras debilidades de atención.
También se ha encargado de profundizar la pobreza en los sectores populares. Muchas familias se auxilian con los programas gubernamentales, pero otras familias no pueden recibir apoyo oficial. Los que no tienen documentos, cédulas, actas de nacimiento, o los migrantes indocumentados, que son muchos, o los desnacionalizados, y los dominico-haitianos que carecen de información porque las autoridades les niegan sus documentos. No reciben apoyo de ningún sector de la sociedad. Eso poca gente lo está observando.
¿Qué pasará con los cientos de miles de trabajadores suspendidos en sus empresas, al momento de cumplirse ahora los tres meses legales de suspensión sin disfrute de sueldo? ¿Podrán las empresas asumir el pasivo laboral que representa la cancelación de esos contratos de trabajo? Seguimos en Estado de Emergencia hasta inicios de julio ¿Podrán las empresas que suspendieron trabajadores retomar sus actividades y pagar sus compromisos con sus empleados?
Muchas heridas van quedando abiertas con el Covid-19 en nuestra sociedad. El próximo gobierno tendrá desafíos sustanciales para retomar la conducción del país, reactivar la economía y allanar las grandes distorsiones y desigualdades sociales que conservamos. Sectores como zonas francas, turismo, construcción, sustentan su crecimiento en mano de obra barata, y en parte en mano de obra extranjera. Hay temas de justicia que debemos hacer frente con valentía y sin ampliar más las heridas. Luego está el problema de la seguridad ciudadana. Luego de la pandemia ¿tendremos más o tendremos menos seguridad ciudadana? ¿Habrá posibilidad de concebir desde ahora planes para incidir con programas de auxilio y apoyo en los sectores carencias, que impidan una delincuencia más audaz luego del Covid-19?
Son muchos los desafíos que tenemos por delante, sin tomar en cuenta los de la cuenta institucional, democrática y electoral, que también inciden y nos provocan enormes disgustos, sobre todo porque el equipo que está en el gobierno se acostumbró a los triunfos electorales, y no estaría dispuesto a aceptar una salida fácil del poder, como prevén las encuestas.
El primer gran desafío lo tendremos con unas elecciones transparentes, justas, bien realizadas, en las que se protejan los derechos de los candidatos y de los electores. Es nuestra lucha más dura y la más próxima, porque el 5 de julio será el gran día de nuestro proceso político institucional. Ahí veremos quiénes son demócratas y quiénes no lo son.