El Procurador General de la República dijo que el Ministerio Público de Brasil y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos colaboraron con la investigación que concluyó en que los receptores de los sobornos son sólo 14, y que ya fueron identificados y sometidos a la justicia. Que no hay más, según Jean Alain Rodríguez, porque "están todos los que son y son todos los que están".
La lista de imputados es muy desigual cuando se analiza el período de tiempo en que Odebrecht admitió la entrega de sobornos en la República Dominicana, entre el 2001 y el 2014. La administración del presidente Danilo Medina se inició en el 2012, y con la excepción del Ministro de Industria y Comercio, Ingeniero Temístocles Montás, no hay nadie de su administración ni de su grupo político entre los señalados como corruptos.
Temístocles ha sido un histórico dirigente del PLD que trató de forjar un liderazgo propio, e intentó colocarse como candidato presidencial para el 2012. No lo consiguió, pero estuvo en la campaña electoral y, como es natural, recibió dinero tanto para su proyecto político personal como para el Partido de la Liberación Dominicana. Una de las hipótesis que se manejan en torno a la inclusión de Montás en el expediente de Odebrecht es que pudo haber recibido dinero recibido de Odebrecht o de Ángel Rondón, y que una vez abandonada su carrera por la presidencia con miras a 2016, parte de esos recursos fueran utilizados en la campaña electoral de Danilo Medina.
El documento emitido por el Comité Político del PLD sobre la situación de Montás y de los demás dirigentes peledeístas sometidos por el caso Odebrecht es muy parco. Apenas pide el debido proceso con todos los imputados y la presunción de inocencia garantizada por la Constitución de la República. El CP del PLD dispuso, además, de abogados para los miembros del Comité Central y del Comité Político acusados.
Las imputaciones del Ministerio Público son el resultado de una investigación, según el Procurador General de la República. Si fueran solo el resultado de las delaciones realizadas por algunos funcionarios de Odebrecht, como en el caso de Marco Cruz Vasconcelos, sería necesario disponer de las pruebas de las irregularidades. Eso fue lo acordado por la Procuraduría dominicana con Odebrecht a través del acuerdo de indulgencia que se firmó entre ambos.
Temístocles Montás no tiene antecedentes de corrupción, ni es el típico corrupto de las administraciones del PLD. Siempre fue un técnico en energía y en economía, un estratega de la política, y pudo favorecer con nombramientos a familiares, amigos y a simpatizantes, pero no ha sido un depredador de la administración pública.
La inclusión de Temístocles Montás en la lista implica muchas cosas. Si él está comprometido con el soborno de Odebrecht, entonces el problema de la corrupción dentro del PLD es un monstruo de siete cabezas, que estaría abarcando a una gran parte de la dirección alta, media y baja del PLD y de sus gobiernos. Lo mismo habría que decir de la inclusión de Julio César Valentín, quien en sus funcionarios legislativas se perfilaba como el más leal a los principios boschistas, con sus altas y sus bajas, un centroizquierdista y ético legislador.
Si las exclusiones de las que habla la oposición, y de las que comienzan a hablar algunos peledeístas se confirmaran, ya sea por revelaciones desde Brasil o desde los Estados Unidos, el riesgo que estaría corriendo el Procurador General de la República, y el gobierno del presidente Medina, en su credibilidad y manejo de este caso sería muy grande y costoso políticamente.
Como se esperó cinco meses hasta llegar a este punto, habrá que conocer las precisión de cargos y la presentación de las pruebas. A cualquiera que le hayan garantizado salir de la cárcel pronto, y que esto no le afectaría grandemente, le han dicho una gran mentira. El país está indignado y quiene conocer la verdad, pero toda la verdad y no unos cuantos de los que recibieron sobornos.
De igual manera, los ingenieros César Sánchez, Bernardo Castellanos de Moya y Máximo de Oleo no tienen historial de corrupción, y se les imputa por uno de los dos proyectos contratados con Odebrecht por la administración de Hipólito Mejía. Tendrán que ser contundentes las pruebas en su contra. De entrada ya han sufrido un daño moral muy grande.
¿Por qué quedarse en los primeros proyectos desarrollados por Odebrecht, y omitir los más recientes, que son los más costosos y los más cuestionados?
Lo peligroso de este proceso no es que se impute a alguien por corrupción, sino que se haga deliberadamente ocultando otros nombres de relacionados, vinculados, incluso por actividades delictivas y de corrupción mucho más recientes. Jurídicamente resultará interesante el debate sobre la extinción de la persecución penal, debido al tiempo transcurrido entre los hechos imputados y el momento de la presentación formal de cargos.
Sigue pendiente el desafío del Procurador General de la República: Que sea creíble su versión de que "están todos los que son y son todos los que están". Muchas versiones hablan de otros sobornados que se quedaron en el tintero de los investigadores dominicanos. Todavía no es posible ver los documentos que Jean Alain Rodríguez sugirió mirar en la página de Internet, con los datos de los señalados por Odebrecht y que han desencadenado estas imputaciones.