Lo que el Estado no ha podido hacer para atender al 12.3% de la población que padece por discapacidad física e intelectual, lo ha hecho la Asociación Dominicana de Rehabilitación, como entidad privada, sin fines de lucro, que durante 50 años se ha dedicado a ofrecer apoyo a miles de familias que han requerido sus servicios.
la ADR tiene 30 filiales en toda la geografía nacional, en las que capacidad a través de su escuela de Educación Especial, a través de sus servicios en Medicina Física y Rehabilitación y a través de su programa de Formación e Inserción Laboral.
Para hacer todo lo que hace, la ADR ha tenido que especializarse haciendo rifas y buscando donaciones, patrocinadores o socio colaboradores. Cobra una pequeña cuota por los servicios que ofrece, y cada año solicita comprensión y cooperación a los medios de comunicación para promover sus rifas y otras actividades de recaudación de fondos.
La ADR ofrece diariamente en la capital 1,200 servicios, y en 30 centros que tiene desparramados por toda la geografía nacional, diariamente, ofrece 6,500 servicios. Es una gran labor, es un trabajo trascendente que auxilia a familias pobres y de clases medias, en un drama para el que es necesario especializarse, y que el Estado no ha podido o no ha querido desarrollar.
Desde el 2007 el Estado no aumenta la contribución oficial a la ADR. El monto que el Estado le aporta por año es de apenas 67 millones de pesos. Este año 2016 la ADR tiene un déficit en sus operaciones de 44 millones de pesos. Y para cubrir este déficit esta entidad ha tenido que recurrir a lo de siempre: el apoyo -grano a grano- que pueda brindar la ciudadanía.
Tal vez el gobierno se decide a brindar un apoyo más decidido a la ADR, tomando en cuenta la trascendencia y dimensión de este trabajo. Si el Estado tuviera que atender al 12.3% de la población con discapacidad física e intelectual que tiene la República Dominicana, de acuerdo a los datos de la Organización Mundial de la Salud para el 2010, tendría que invertir miles de millones de pesos. Y difícilmente lograría la eficiencia, la profesionalidad, la calidad que ofrece esta institución bajo la dirección de doña Mary Pérez de Marranzini.
Como no es posible que se haga a través del Presupuesto General del Estado, aprobado ya por los diputados y senadores, tal vez la presidencia de la República pudiera disponer, de los muchos fondos que administra, de recursos para cubrir este déficit de la Asociación Dominicana de Rehabilitación.
Ojalá lo haga. Es necesario. El país lo va a agradecer.