La Inspectoría Judicial ha sido una institución de gran apoyo para el control de la corrupción y los excesos por parte de servidores públicos que se desvían de su responsabilidad.
La Inspectoría Judicial, una dependencia del Consejo del Poder Judicial, cada año realiza cientos de investigaciones y pone control sobre denuncias de irregularidades y abusos que también se cometen contra servidores públicos. Los diversos departamentos del Poder Judicial se benefician del trabajo de los inspectores y contralores de la Inspectoría del Poder Judicial. Durante el 2018, hasta el 28 de diciembre, se realizaron 909 inspecciones de los más variados departamentos.
Ante las gravísimas denuncias que se han conocido, y que han salido al público, de corrupción en las instancias judiciales, incluyendo venta de sentencias, sobornos, malversación, favoritismo, vínculos con elementos criminales, entre muchos otros, lo que corresponde es fortalecer la Inspectoría Judicial y aprobar su labor en el más amplio sentido de la palabra.
En el caso de la Jurisdicción Inmobiliaria, en donde la Inspectoría Judicial ha realizado cientos de investigaciones, resulta cuestionable que se suspenda a dos funcionarios, sin haberse realizado una investigación. Y más cuestionable es que la suspensión se haya producido a petición de un magistrado que tiene que dar explicaciones de su propia conducta, en vez de cerrar los cauces de una investigación que debía ayudarles en la justificación de sus actos.
La Suprema Corte de Justicia y el Consejo del Poder Judicial están en la obligación de aclarar la cadena de acciones de las últimas semanas, y resarcir los daños causados a las personas injustamente suspendidas. Ese no es el camino de la legalidad ni de la transparencia, sobre todo en este momento en que el Consejo Nacional de la Magistratura está sesionando para decidir quiénes deben seguir o salir de la Suprema Corte de Justicia.
Hemos abordado este tema periodísticamente, con tres reportajes, y erróneamente incluimos la versión de que dos hijos del magistrado Mariano Germán, presidente de la Suprema Corte de Justicia, estarían vinculados con la suspensión de dos funcionarios. Leonidas Radhames Peña, Inspector General del Consejo del Poder Judicial, nos escribió haciendo la aclaración, que acogemos en este comentario editorial. Nos dijo lo siguiente:
Buenas tardes señor Fausto. Mi nombres Leonidas Radhames Peña Inspector General del CPJ.
Le escribo porque esta mañana he leído dos artículos publicados por el prestigioso diario que dirige y veo que tiene algunas cosas que no se corresponden. Primeramente sí hubo una suspensión de dos empleados nuestros por una investigación que pidió el Magistrado Frank Soto sobre un documento que se subió a las redes sociales. En este punto debo decir que los hijos del Magistrado presidente no tuvieron nada que ver con eso, ni incidieron con esa decisión puesto que están al margen de las decisiones del Consejo. Lo segundo es que los miembros de la comisión no son los que se mencionan ahí sino que la comisión la componen 5 personas, es decir 3 Consejeros y dos funcionarios. Otro punto es que ante este evento nos sentimos mal con la situación pero de ahí a peligrar un órgano que ha crecido constantemente como se menciona no lo creo, pues la inspectoría en los últimos años ha sido más fortalecida que nunca gracias al apoyo del Magistrado Presidente. Discúlpeme que lo exprese por esta vía puesto que estoy en una posición incómoda con esta situación y me gustaría que aclarare eso. Mi compromiso con la institución siempre ha sido la transparencia. Si necesitas cualquier aclaración al respecto, con mucho gusto estaré disponible.