El gobierno necesita recursos y sale a buscarlos. Había prometido que no impondría una nueva reforma fiscal, pero por las urgencias en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional esa promesa no puede ser cumplida.
El gobierno necesita recursos y ya identificó dónde los encontrará. La banca privada nutre constantemente de fondos al gobierno. El Banco de Reservas es el principal suplidor de recursos, pero el gobierno debe pagar y paga. La deuda actual del gobierno con la banca es superior a los 55 mil millones de pesos. No es mucho dinero, si se conociera que el año pasado esa deuda fue superior, y que solamente con el Banco de Reservas el gobierno se endeudó por más de 50 mil millones de pesos. Y paga con intereses.
Ahora, sin embargo, ese no es el problema. El gobierno quiere que el sector financiero pague más impuestos. Los bancos pagan miles de millones de pesos en impuestos, pagan por las ganancias y pagan por los servicios que reciben. Las regulaciones del sistema financiero dominicano son durísimas, y con razón, porque hace apenas unos años la banca derrotó al Estado con un fraude del que todavía no nos recuperamos.
En este momento la banca dominicana está bien regulada, existe un buen sistema de supervisión, vigilado por el Fondo Monetario Internacional y por otros organismos internacionales.
El nivel de solvencia que se pide a los bancos en los demás países es de 8 por ciento, pero a la banca dominicana se le exige un 10, y no conformes con ello, los bancos tratan de tener niveles de solvencia por encima del 13 y el 14, y hay asociaciones de ahorros y préstamos que llegan a niveles de solvencia de hasta el 40%.
Los bancos ahora tienen que presentar informes trimestrales y ofrecer datos sobre su nivel de utilidades. Y reportan muchas ganancias. Hay una competencia a ver quién reporta más ganancias, luego del descuento de los compromisos fiscales con el Estado. Eso es bueno, porque da una idea del nivel de credibilidad y estabilidad de las operaciones de las entidades de intermediación. Pero eso es un arma de doble filo: aviva las ansias del gobierno de captar más por esa vía.
Sin estropearse mucho analizando de dónde sacar el dinero que necesita, y tratando de no afectar directamente a la población, el gobierno anuncia un nuevo impuesto de un 1% a los activos de las entidades financieras. Como es un sector bien regulado, y como estos activos están muy claros, informados eficientemente al gobierno, se entiende que es una forma de recaudación cautiva. La gente no debe protestar porque se trata de un impuesto a los ricos.
Pero no es así. Los costos financieros se transfieren, y los bancos tienen muchas formas de cobrarlos a los usuarios de sus servicios. De manera que ese impuesto lo pagarán los usuarios del sistema financiero, desde el más pequeño hasta el más grande. No hay forma de impedir que las instituciones coloquen este nuevo impuesto como un costo adicional de sus operaciones, que deben colocar en la lista de servicios a cubrir como parte del conjunto de sus operaciones.
El gobierno necesita por lo menos 9,500 millones de pesos. La forma fácil de buscarlo es tomarlo por un sector que tiene capacidad de presión, pero nunca en el nivel de otros sectores, con habilidad para escandalizar. Los banqueros se quejarán por lo bajo, gritarán, a través de la Asociación de Bancos Comerciales emitirán una declaración, pero al final quedarán tranquilos, porque buscarán la forma de transferir esos costos a los usuarios. Y en este nivel tampoco habrá protestas. De modo que todo esto pasará sin pena ni gloria. Tal vez Danilo Medina reciba menos apoyo financiero, tal vez Hipólito Mejía reciba más. De lo que estamos seguros es que esos 9,500 millones de pesos saldrán de las costillas de los usuarios de los servicios financieros. Sin duda.