La respuesta ofrecida por el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, licenciado César Pina Toribio, debió tener una mejor administración oficial.
Se trata de un documento sobre libertad de expresión a propósito de la solicitud de información de Frank La Rue, Relator Especial sobre la Promoción y la Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, de las Naciones Unidas. La Rue pidió información sobre las denuncias de que el periodista Fausto Rosario Adames estaba en riesgo de ser agredido.
Fue un documento del Consultor Jurídico al Ministro de Relaciones Exteriores, orientándole cómo responder la petición de Frank La Rue. Ni lo dio a conocer Pina Toribio, ni lo dio a conocer el ingeniero Morales Troncoso. Quien lo divulgó fue el licenciado Vinicio Castillo Semán, conjuntamente con un documento de prensa, atacando al periodista Rosario Adames.
Si los documentos del gobierno dominicano se manejan de ese modo, estamos ante una situación de desorden lamentable. Y por otro lado, personas particulares controlan y administran documentos estatales con poca prudencia.
En el texto del licenciado Pina Toribio aparecen informaciones graves, que son solo atribuibles a una inclinación personal, fuera de toda investigación institucional, que podrían resultar lamentables para una consultoría jurídica del Poder Ejecutivo.
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