Editorial

De dónde vienen los poderes impunes que reclama Roberto Rosario

Por Fausto Rosario Adames/Acento.com.do


La Junta Central Electoral es uno de los organismos más opacos de la administración pública. El contrato con el Consorcio Soluciones Modernas (SOMO), para la modernización de las oficialías del Estado Civil, por un valor de 62 millones de dólares, es uno de  los más lesivos al interés nacional.

Para poder cumplir con los compromisos contraídos con SOMO la JCE debió pedir dinero prestado al Banco de Reservas, y hacer muchos rejuegos hasta que tuvo que producirse una suspensión del acuerdo.

La JCE se ha empeñado en desarrollar el proyecto de renovar la cédula de identidad y electoral, que tiene un costo multimillonario, aparte de las limitaciones legales que conlleva la iniciativa, porque no hay una solución definitiva a los acuerdos con SOMO, y tendría que hacer desembolsos millonarios en dólares para desinteresar a los propietarios de Soluciones Modernas.

Roberto Rosario, presidente de la JCE, ha desarrollado una guerra contra el gobierno porque le limitaron el presupuesto, y de los casos seis mil millones de pesos que pretendía recibir, le aprobaron la suma de 3,500 millones de pesos para el 2013.

Desde que se dio cuenta que no iba a ser posible una modificación del presupuesto, Rosario Márquez ha desarrollado una campaña para fastidiar a las autoridades y de paso a la sociedad dominicana. Suspendió, ilegalmente, todos los servicios que se brindan a los dominicanos en el exterior. Servicios necesarios porque se trata de legalizaciones, emisión de documentos, constancias, actas, entre otros, que necesitan los dominicanos fuera del país.

El daño tiene una dimensión gigantesca. Los dominicanos envían miles de millones de dólares en remesas, y muchos están aprovechando las nuevas facilidades del gobierno americano, por ejemplo, para regularizar su status legal en esa nación. Roberto Rosario los está torpedeando, porque quiere hacerle daño al gobierno.

Rosario también auspició un aumento generalizado de los servicios que ofrece la JCE a los ciudadanos dominicanos. Emisión de cédulas, actas de nacimientos, matrimonios, entre otros, que tienen relación con políticas públicas y que están regulados por ley como servicios gratuitos. Contrariando la Constitución y las leyes, Roberto Rosario ha hecho lo que ha querido sin que una autoridad lo detenga.

En la JCE hay una crisis interna por las rabietas y otras decisiones desaprensivas impulsadas por su presidente. Muchas de las decisiones tienen que ver con el presupuesto, la suspensión de personal y una mayor concentración del poder en manos de Roberto Rosario. El magistrado José Angel Aquino ha dado algunas señales del malestar que existe, lo mismo que el magistrado Eddy Olivares.

La JCE que hizo el contrato con SOMO, la que compró docenas de millones de pesos en canastas en el 2011, la que se maneja como un feudo privado del doctor Rosario Márquez, ahora se niega a la que Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas supervise sus operaciones de compras del 2012, un año en que la JCE se gastó miles de millones de pesos, porque fue un año de elecciones.

De acuerdo con Rosario Márquez, la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas no tiene facultad para supervisarle, sino la Cámara de Cuentas. Solo hay que revisar las auditorías de la Cámara de Cuentas a la JCE, para que el país se entere de las irregularidades administrativas que allí se describen, pero la Cámara de Cuentas solo hace un informe que apenas se archiva, porque en el Estado no hay dolientes.

Si la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas no puede ser un ente de supervisión de la JCE, entonces tampoco lo será para los demás órganos del Estado. Es decir, que su existencia es nula. Rosario ha dicho que la JCE tiene un reglamento de compras y contrataciones, y que el mismo fue aprobado por el gobierno, y que eso es suficiente.

Esto inaugura un nuevo poder en la administración pública dominicana: El poder de Roberto Rosario sobre los organismos que tienen la obligación y el mandato de la ley para velar por la transparencia en las instituciones públicas. Cerremos ese organismo, porque es inválido, y que el gobierno se entere que nadie puede hacer nada frente al superpoder que reclama el presidente de la Junta Central Electoral.

Es un descubrimiento para Danilo Medina, que debe estar recibiendo señales o mensajes sobre el extraordinario papel desarrollado por Roberto Rosario en la JCE para que fuera presidente de la República.

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