No es común que el Gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, emita criterios sobre proyectos de leyes. Tampoco es común que emita su postura personal, y rechace con la fuerza que lo acaba de Hacer, la propuesta que algunos manejan de distribuir un porcentaje de los fondos de pensiones acumulados hasta el momento entre los trabajadores que cotizan como parte del sistema de Seguridad Social.
El Gobernador Héctor Valdez lo ha hecho, y con una fuerza que no deja lugar a dudas sobre los dalos que podrían venir a la economía dominicana si se aprobara tal proyecto. Uno de los cuestionamientos que se hacen a las Administradoras de Fondos de Pensiones es que ganan mucho dinero, que son poco rentables para los cotizantes, y que las comisiones que pagan son ínfimas. Y que ese ahorro nacional habría que utilizarlo en este momento para que la gente tenga dinero, y haya una dinamización de la economía.
Eso es absurdo. Héctor Valdez lo ha dicho con palabras muy claras y con la solvencia que se ha ganado en el manejo de la política monetaria del Estado Dominicano:
Es importante señalar que estas iniciativas, que persiguen proveer recursos a los afiliados, carecen de los fundamentos técnicos y analíticos elementales, y adolecen de sustentación teórica y legal. Además, no transparentan las implicaciones económicas y financieras de gran envergadura que tendría la implementación de una política de esta naturaleza.
Los que promueven la pieza alardean de estar conectados con los trabajadores, con la justicia y la redistribución del ingreso en el país. Dicen que los trabajadores necesitan dinero y que ese dinero está ocioso y que hay que distribuirlo. Ese razonamiento es tramposo. Buscan que sean los propios cotizantes de las pensiones los que paguen la crisis del coronavirus, con los aportes que han realizado las empresas, con una contribución mayor que los trabajadores, y los propios beneficiarios, que entregan una parte mínima de su salario. La crisis del coronavirus la pagaremos todos, por vía del gobierno, que ya ha asumido grandes compromisos para proteger la economía informal y a los menos favorecidos, y para beneficiar a sectores que requieren apoyo para reactivar sus actividades.
Héctor Valdez ha dicho -con toda razón- que “los recursos aportados por los trabajadores y sus empleadores a sus fondos de pensiones son invertidos por las AFP en los tipos de instrumentos financieros permitidos, con el objetivo de obtener una rentabilidad real que incremente las cuentas individuales de los afiliados; y es precisamente esta rentabilidad de las inversiones la que al final de su vida laboral representará más del 70% del ahorro acumulado que financiará sus pensiones. Esta ley es una de las reformas estructurales más importantes que ha logrado la República Dominicana, y como tal, sus fundamentos no están concebidos para ser modificados ante situaciones coyunturales de corto plazo”.
Utilizar los fondos de pensiones, desvirtuando la ley y colocando el dinero fuera del propósito para el que se ahorró, es un crimen que no puede ser admitido por el Congreso, ni por el Gobierno, y menos por los propios cotizantes de la Seguridad Social.
Si tal pieza fuera aprobada, ha dicho Valdez, habría que buscar 173 mil millones de pesos, lo que significaría un desastre en la economía dominicana: “implicaría un aumento desproporcionado de la emisión monetaria de más de un 64% respecto a su nivel actual, principalmente por el incremento que se produciría en la cantidad de dinero en circulación en manos del público. Esto generaría un exceso de demanda de bienes y servicios que en la coyuntura actual, con una producción ralentizada, provocaría un aumento generalizado en los precios de la economía. Evidentemente, altos niveles de inflación reducirían el poder adquisitivo de las personas, por la pérdida de valor de sus ingresos y ahorros, deteriorando significativamente su capacidad de consumo y afectando de manera más perniciosa a los hogares vulnerables y de menores ingresos, incrementando así los niveles de pobreza”.
Obvio, que no es esto lo que queremos, ni lo que desea nadie que tenga un poco de racionalidad y tenga respeto por los procesos económicos e institucionales del país.
Corresponde poner atención a lo expresado por Héctor Valdez Albizu, y no llevarse de los alegatos aventureros y engañosos, que desean pasar como justo un reclamo que atenta contra la economía de los dominicanos:
“Finalmente, expreso mi oposición personal, y en calidad de Gobernador del Banco Central y Presidente de la Junta Monetaria, a las referidas iniciativas legislativas por las consecuencias negativas y perversas que derivarían sobre los sectores más vulnerables de la sociedad, la estabilidad y el crecimiento económico. De ser acogidas, estaríamos como nación propiciando convertir una crisis sanitaria de carácter transitorio en una crisis económica y financiera de carácter más permanente que requeriría años revertir”.