Los funcionarios del gobierno siguen pensando que tienen el derecho a ocultar información y que los datos públicos que manejan en las oficinas públicas son de su propiedad, y que no están obligados a cumplir con el mandato de la ley general de Acceso a la Información Pública, la número 200-04.
Tremendo error de los funcionarios, que no hace más que poner en tela de juicio el discurso de transparencia del presidente de la República, Danilo Medina.
Participación Ciudadana acaba de informar los resultados de su investigación sobre el cumplimiento de la Ley 200-04 durante el año que está a punto de finalizar. Los datos que ha ofrecido PC son tremendamente decepcionantes, pues en ese aspecto durante el 2012, en relación al 2011, el país retrocedió.
Las 52 instituciones analizadas presentan un resultado mediocre. El informe dice que 18 entidades no ofrecen, o presentan muy precariamente, informaciones a los ciudadanos y las entidades que las solicitan. O no tienen páginas web con la oferta de informaciones.
La peor de todas es la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, que dirige Miguel Pimentel Kareh, entidad que consume un presupueto envidiable y que durante el 2012 aparece con un cero en la entrega de informaciones, lo cual es más que una vergüenza, un bochorno para el gobierno del presidente Danilo Medina.
Hay que recordar que uno de los pocos pactos firmados por Danilo Medina fue el llamado Protocolo por la Transparencia y la Institucionalidad, en el que se comprometió a poner en vigencia 42 puntos de lucha contra la corrupción, entre los que se destaca el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública.
A continuación nuestro comentario sobre este tema: