Los funcionarios del pasado gobierno que dejaron la administración pública, que se sepa, no han cumplido con el mandato de la Ley 82-79, de declaración jurada de bienes, y exige con suficiente claridad que al momento de dejar la administración pública, deben rendir un informe detallado de su patrimonio.
La Procuraduría General de la República debe rendir un informe sobre el cumplimiento o incumplimiento de esta ley.
Es cierto que el presidente Danilo Medina sugirió, en relación al tema de la corrupción, no tirar piedras al pasado. Es un deber del presidente y del gobierno cumplir y hacer cumplir la ley, y en este caso se trata de una legislación vigente, que no ha sido derogada y que la sociedad dominicana, con mucha insistencia en los últimos tiempos, ha insistido en que se cumpla.
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