La Policía Nacional debe ser reestructurada. Amnistía Internacional esta semana volvió a insistir en la necesidad de ese proceso, para evitar que los ciudadanos y ciudadanas de la República Dominicana sigan siendo víctimas, en sus derechos fundamentales, de las actuaciones de los agentes policiales.
Pero más que los propios agentes que salen a las calles a atropellar ciudadanos, incluyendo asaltos a mano armada, por parte de individuos y patrullas completas de la Policía, lo preocupante es que la alta oficialidad de la Policía Nacional no transmite confianza, ni destreza en el manejo idóneo, profesional y honesto de esa entidad.
Creada en 1936 por el dictador Trujillo, la Policía Nacional no deja de ser, como fue concebido, un cuerpo represivo.
El crimen contra la profesora de Barahona Ángela Moquete Méndez, la pasada semana, es una muestra de lo que está pasando. Fue baleada por un agente policial que reprimía a miembros de una comunidad que reclamaba el servicio de agua. Y fue asesinada por un agente que la emprendió a tiros contra personas que reclaman agua. ¿Es eso posible, en el siglo XXI?
El crimen contra el estudiante universitario William Florián Ramírez, la pasada semana, es otra muestra de lo que está pasando. El joven de 21 años participaba en protestas contra la reforma tributaria, y los policías dispararon balas “vivas”, de plomo, para matar. Y lo lograron. Esa Policía no defiende a la ciudadanía, la arremete y la mata, bajo el pretexto inverosímil de que defiende “el orden público”.
El San Cristóbal, también la pasada semana, agentes policiales le dieron un tiro por la espalda al joven Francisco Alberto Guerrero, por no atender una orden de detenerse del agente policial Luis Vizcaíno, en un chequeo rutinario junto a otros agentes. Esos chequeos se utilizan para asaltar a ciudadanos, y probablemente por esa razón el estudiante Francisco Alberto Guerrero no respondió a la señal de pare.
Los casos se repiten una y otra vez, y todo sigue igual. Cada año son cientos de jóvenes asesinadas por la Policía Nacional, y los crímenes se presentan como intercambios de disparos, una mentira que cada día debe indignar más a la sociedad.
Varias veces la Policía ha sido sorprendida mintiendo: asesina a mansalva y en forma impune y luego dice que los muertos se resistieron. En febrero pasado, en Bonao, la comunidad de Caracol protestaba por apagones de hasta 21 horas, y llegó la Policía y disparó a matar. Víctima de los tiros murió el joven de 22 años Víctor Alejandro Canó Suriel, como si no le correspondiera el derecho a exigir energía eléctrica.
¿En que jodido país es que vivimos? Si una maestra exige agua la asesinan, si un joven exige energía eléctrica le asesinan, si un estudiante rechaza los nuevos impuestos, lo asesinan. Esos crímenes no deben seguir. Son personas que reclaman servicios y justicia, no delincuentes. Hasta los delincuentes tienen derecho a la vida. Aquí no hay pena de muerte, y la Policía no puede decidir, no tiene derecho en absoluto, si mata a alguien.
Nuria Piera presentó el sábado, en su programa de investigación periodística, una grabación de la ejecución de tres personas presumiblemente fugadas de la cárcel de San Francisco de Macorís. Luego de sometidos al control policial, los prófugos fueron asesinados. Vilmente asesinados. A sangre fría. Un oficial los ejecutó. Nuria presentó la grabación de una de las ejecuciones. Eso que vimos es un salvajismo, que todo el mundo sabe que existe en la Policía, pero que nadie se atreve a reclamar que cese, porque el responsable de esas muertes es el jefe de la Policía, el general José Armando Polanco Gómez.
Lo que dijo la Policía Nacional, el pasado 31 de octubre sobre las tres muertes fue lo siguiente: “Los occisos fueron identificados como Jerry Antonio López, condenado a 15 años, Marcos Noel Brito y Jeffrey Sandoval. Cayeron en un alegado intercambio de disparos en el sector La Gina de San Francisco de Macorís”.
Hay que insistir en la petición de Transparencia Internacional. No se trata de cancelar personas, o de cambiar de posición a los oficiales responsables de las patrullas que asesinan. Hay un mal de fondo, un terrible desvío de la orientación sobre el rol de los policías. Y eso es un problema que debe resolverse con una reforma que desmilitarice la Policía Nacional, y lo convierta en un cuerpo civil, bien pagado, profesionalizado.
Las cancelaciones de agentes policiales, como paliativo para calmar los reclamos de justicia de la sociedad, no resuelve nada y no es ningún consuelo. Como lo hemos visto en el pasado, esos policías seguirán asesinando ciudadanos y ciudadanas, especialmente a gente joven.