Desde el momento que se produjo el crimen contra el ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), y entonces candidato a senador por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) por San Cristóbal, Mateo Aquino Febrillet, se demostró que la conducta del imputado principal, empresario del transporte Blas Peralta, era díscola y estaba acostumbrado al manejo antojadizo de las situaciones en que se involucraba.
Los testimonios recogidos por el Ministerio Público hablan con claridad de un comportamiento elusivo, irresponsable y manipulador. La forma en que se produjo el crimen, más los hechos que se sucedieron para ocultar su participación, fue más que una evidencia, una constatación, de que el caso judicial sería entorpecido y que se utilizarían todas las argucias jurídicas para impedir que el mismo llegara a su fin.
No ha sido posible que el juicio comience en su proceso de fondo, en particular por las triquiñuelas utilizadas por la defensa del empresario del transporte Blas Peralta. Los jueces han tenido que aceptar cada una de las maniobras utilizadas para que no se conozca el proceso judicial. El recuento de los procesos preliminares habla con claridad de quiénes son los que están impidiendo que la justicia cumpla con su deber de juzgar los acontecimientos criminales y delictivos.
Ahora se produce, de forma administrativa, autorizado por la Procuraduría General de la República, el traslado del imputado de asesinar al ex rector de la UASD del centro penitenciario de La Romana, donde de forma coercitiva se decidió que fuera recluido, hacia la cárcel de Horas Nacionales, donde existe un régimen bastante flexible y las condiciones en que se encuentran los prisioneros son de altos privilegios.
El Ministerio Público es quien ha empujado esta decisión, y alega por boca del Procurador General Jean Alaín Rodríguez, que el traslado se produjo para preservar la salud del imputado, quien supuestamente sufre de diabetes, presión arterial alta y además se le ha detectado una hernia discal. Cuando estas situaciones sean superadas, el recluso será devuelto al Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama, de La Romana.
Esa recuperación probablemente no se produzca, y es probable que los imputados encabezados por el empresario Blas Peralta, sigan entorpeciendo el proceso judicial para evitar que exista una decisión en primera instancia. En realidad, queda la impresión de que buscan tiempo para negociar con las autoridades del poder judicial, y parece que ya han avanzado en el caso del Ministerio Público, para que la exclusión ser convierta en realidad, y que el crimen quede impune.
Se trata de un caso de altísimo interés.
Blas Peralta tiene antecedentes. Ha sido un empresario que se acostumbró a manejar un monopolio del transporte de cargas en la República Dominicana, con consecuencias negativas para el gobierno y para el sector productivo privado. Desde la cárcel sigue haciendo negociaciones y ejerciendo presiones, como si el crimen cometido careciera de interés. Ese crimen se produjo en medio de un proceso electoral, y lo que se comenta es que desde la cárcel donde estaba el señor Peralta hizo negociaciones políticas para conseguir ventajas y salvar su pellejo de este horrible acontecimiento.
Es una pena que el Ministerio Público tenga que descender a estos niveles para dar cumplimiento a pactos o acuerdos políticos secretos. Negociar con criminales, en estas condiciones, y sin procurar justicia, convierte a los negociadores en cómplices de los criminales. Tienen razón la familia y los abogados del doctor Mateo Aquino Febrillet, al indignarse con el traslado a Horas Nacionales del imputado por el crimen contra el ex rector de la UASD.
La tarea es salvar la imagen del Ministerio Público, en primer lugar, que se hunde horriblemente con estas negociaciones impúdicas, y por otro lado, que haya justicia para la familia de la víctima, que además de la viuda y los hijos de Mateo Aquino Febrillet, también lo es la sociedad dominicana.