La nota periodística, de Manuel Espinosa Rosario, la publicó El Nacional el pasado 23 de abril. Una menor de edad, embarazada por su padrastro, falleció luego que fuera inducida a tomar un brebaje tóxico, con la intención de que perdiera la criatura que llevaba en su vientre.

La joven fallecida, Ana Reyes de la Rosa, tenía seis meses de embarazo. Su padrastro, Marino Jiménez de la Rosa, fue quien la indujo a tomar el brebaje a base de una yerba altamente tóxica, conocida como Guanibre. La explicación del homicida es que deseaba ocultar que la hija de su esposa estaba embarazada de él.

La madre de la fallecida, Rosa del Carmen de la Rosa, guarda prisión con Marino Jiménez de la Rosa. Las autoridades tratan de determinar si la madre tuvo alguna participación en el hecho que puso fin a la vida de su hija.

Está bien que se investigue este hecho, y se determine la complicidad de la madre, si la tuvo, y se condene al padrastro por incestuoso y homicida.

¿Quién, sin embargo, se cuestionará sobre la responsabilidad del Estado Dominicano, que no ofrece ninguna opción distinta que la ilegalidad para situaciones incestuosas como esta?

¿Quién se cuestionará por la responsabilidad de los congresistas que aprobaron la Constitución que prohíbe, sin distinción de ninguna especie, el aborto en situaciones como estas, demanda que fue formulada hasta el cansancio cuando se hicieron los debates sobre el artículo 30 del proyecto de Constitución?

¿Quién se responsabilizará, en el ámbito de la política, de que el Estado no tenga respuestas para estas criminales actuaciones, y que sea precisamente la política pública la que empuje a gente sin conocimiento y sin formación, como el agricultor Marino Jiménez de la Rosa, a buscar un brebaje tóxico y proporcionarlo a una niña, sin posibilidad de defenderse, en vez de acudir a un centro de salud a resolver su embarazo incestuoso?

¿Qué respuesta podrían dar a este caso, salvo un intento de lección moralista sin valor práctico, quienes se desgañitaron y presionaron hasta el extremo para imponer una Constitución a todas luces atrasada en esta materia, como ha quedado demostrado con este y otros casos?

La responsabilidad del Estado es ofrecer salidas institucionales, legales, satisfactorias, a personas con dificultades, con problemas, de modo que no se conviertan en criminales consuetudinarios, como es este caso, que dejó de ser un conflicto familiar para convertirse en un conflicto social.

El incesto es un crimen, que debe ser condenado en cualquiera de sus manifestaciones. En la realidad dominicana se sabe que existe, que ha sido parte de nuestra historia y hasta de nuestra cultura, por el machismo entronizado en la conciencia de generaciones, pero lo es también como parte de una concepción de vida.

La responsabilidad del Estado es aplicar medidas para reducir al mínimo el incesto, pero lo es también para que la salida a un embarazo de una adolescente no sea el crimen adicional contra su ingenuidad: su muerte física.

La vida de Ana Reyes de la Rosa pudo ser salvada. Recae ahora sobre los hombros de los auspiciadores del artículo 37 de la nueva Constitución Dominicana.