La corrupción en la política es uno de los fenómenos que ha degradado al liderazgo político dominicano y ha puesto en riesgo la solidez democrática en muchos países, incluyendo la República Dominicana.
La evolución de la democracia dominicana fue lenta en transformaciones sociales. La educación, la salud y empleo, fueron factores que mantuvieron altos índices de pobreza y marginalidad, y hasta hubo admisión de que esos factores se convirtieron en deudas sociales porque el dinero del Estado se iba a manos de los más de 300 millonarios que se “hicieron” en los 12 años de gobierno del doctor Balaguer.
La muerte del presidente Antonio Guzmán, en julio de 1982, podría atribuirse a las denuncias que comenzaban a surgir sobre actos de corrupción en una administración que había tenido un ejercicio conservador pero democratizador, y que su presidente sucumbió ante la potencial evidencia que lo señalara.
La tradición de los políticos dominicanos, con extrañas excepciones, como Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez, ha sido recurrir a los fondos públicos para financiar sus actividades por el control del poder, y en esa batalla han permitido que sus allegados, simpatizantes, familiares se apropien de los bienes públicos de manera impúdica.
Joaquín Balaguer fue un hombre que amó el poder y puso el presupuesto nacional al servicio de sus ambiciones.
Leonel Fernández mantuvo su virginidad ética hasta que llegó al poder en el 2004, cuando inició una gestión de ocho años en que se desataron los demonios de la corrupción, y él y sus allegados rompieron los parámetros del enriquecimiento ilícito y de la acumulación para sostenerse en política sin pasar precariedades.
Falta conocer los detalles de las investigaciones que se realizan en la actualidad para entender hasta dónde llegó la corrupción en el entorno del presidente Danilo Medina. Aunque la llamada Operación Antipulpo es una muestra de lo que podrían ser otros casos que se analicen en detalles en su gobierno, incluyendo la revisión de lo ocurrido en todo el sector eléctrico dominicano.
Parece insólito, pero es una realidad: José Francisco Peña Guaba, dirigente del Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS) e hijo del doctor José Francisco Peña Gómez, está escribiendo una serie de artículos, que Acento está publicando, en los que se exculpa a la clase política de la corrupción dominicana, y se atribuye errónea o maliciosamente la corrupción a la sociedad civil y a los empresarios, a quienes acusa de asaltar a todos los gobiernos cuando los partidos ganan las elecciones.
Si fuera de modo tan insólito como se narra en esos artículos lo ocurrido con la corrupción, estaríamos en la obligación de exaltar y hasta preparar para colocar en el Panteón Nacional a muchos políticos irresponsables, corruptos y vagabundos que se han enriquecido y han enriquecido a sus familias y amigos, cuando tienen el control del poder, porque la idea que se maneja es que al poder se llega para utilizarlo y resolver de por vida la existencia de precariedad y transformarla en abundancia y riqueza.
Es mucho más complejo el tema de la corrupción y la política que como lo sostiene José Francisco Peña Guaba. La política y los políticos pueden reivindicarse y corregir sus errores siempre que los reconozcan. Negar los errores y el asalto al presupuesto público, como hace de forma insólita Peña Guaba, es una manera de perpetuar la corrupción en la política. No es esa la vía de terminar con la corrupción, el clientelismo y la irresponsabilidad en las funciones públicas.