La seguridad ciudadana está en manos de la Policía Nacional. Es el cuerpo especializado del Estado para proteger a los ciudadanos de los actos delincuenciales, del robo, amenazas de muerte y otras muchas variantes del delito.

La principal actuación de la Policía debe ser preventiva. Aplicar mecanismos de prevención de los delitos, el robo, el crimen a través de políticas y actuaciones convincentes. Tiene que se efectiva. La Policía Nacional está obligada a ser creíble en sus actuaciones y en todo cuanto dice.

La Policía se acostumbró a ofrecer versiones cuestionables. La gente comenzó a sospechar que la Policía no decía la verdad y hemos llegado a un punto en que la Policía no es creíble. La falta de credibilidad de la Policía es una de las principales debilidades de ese cuerpo.

El otro problema es que muchos de los agentes policiales se dedican a atracar en las calles y a cometer delitos, prevalidos del uniforme y del arma que reciben para ejercer adecuadamente sus funciones. Todo se ha ido a pique. Es una pena que la Policía no tenga credibilidad. Para ganarse la confianza tiene que actuar con mucha rectitud y con gran vocación para que le crean. Hacer un gran esfuerzo de limpieza interna y conseguir que sus palabras vuelvan a ser honorable.

El Informe de Amnistía Internacional sobre las violaciones a los derechos humanos habla de ese tema, con mucha propiedad y con una descripción que debe avergonzarnos sobre la corrupción generalizada en ese cuerpo. Ojalá que el gobierno pueda poner atención y aplicar medidas correctivas o transformadoras. Veamos lo que dice el informe:

CORRUPCIÓN GENERALIZADA

La percepción de corrupción generalizada en la Policía Nacional, incluso de connivencia con delincuentes, es uno de los principales factores que contribuyen a erosionar la confianza de la opinión pública en la policía.

Según los resultados del Barómetro de las Américas 2010/encuesta de LAPOP, el 59,2 por ciento de los encuestados pensaba que la policía estaba implicada en actos delictivos, mientras que sólo el 29,6 por ciento afirmaba que la policía protegía a la ciudadanía.

Se cree ampliamente que la extorsión por parte de agentes de policía es habitual. En barrios urbanos con altos índices de criminalidad, líderes comunitarios y residentes contaron a Amnistía Internacional que muchos pequeños delincuentes pagan “cuotas” a la policía para evitar ser detenidos y poder seguir con sus actividades ilegales.

En un estudio realizado en 2008 sobre juventud y delincuencia en el barrio de Guaricano de Santo Domingo,  también quedó confirmado que la policía y la Dirección Nacional de Control de Drogas toleraban o eran cómplices en el establecimiento de puntos de venta de droga. Algunos jóvenes explicaron que pagando una “cuota” se aseguraban de que no los detendrían ni les confiscarían las drogas.

Según informes, las redadas colectivas también se perciben a menudo como oportunidades para que la policía ejerza extorsión. Es habitual que la policía detenga a hombres jóvenes de noche o durante el fin de semana, aparentemente en relación con una investigación. Los detenidos quedan en libertad tras pagar un soborno o después de que familiares o amigos con contactos intervengan en su nombre.

Por lo general, se considera que las investigaciones criminales son una oportunidad para la extorsión y el soborno. Quizás esto ayude a explicar en parte por qué la policía se ha resistido a todos los intentos de poner al Ministerio Público al frente de las investigaciones y relegar a la policía a un papel secundario.

El gobierno y las autoridades judiciales han reconocido la existencia de elevados niveles de corrupción y connivencia con delincuentes en la policía. El presidente de la República ha mencionado en más de una ocasión que los miembros de la Policía Nacional y de las fuerzas armadas estaban implicados en tráfico de drogas y otros delitos.

En junio de 2009, el procurador fiscal del Distrito Nacional declaró ante la prensa que no descartaba la posibilidad de que miembros de la Policía Nacional y las fuerzas armadas formasen parte de las bandas de sicarios que operan en el país.

La Policía Nacional ha adoptado un enfoque de “tolerancia cero” en la lucha contra la corrupción interna. Entre 2007 y 2010, estas medidas desembocaron en la destitución de unos 12.000 agentes. Los casos de corrupción son investigados internamente por la Dirección Central de Asuntos Internos de la policía, que también lleva a cabo actividades preventivas como talleres de sensibilización.

Que las autoridades reconozcan públicamente la existencia de corrupción en la policía y tomen medidas concretas tras denuncias de corrupción son primeros pasos importantes. No obstante, todavía no se ha evaluado adecuadamente la eficacia de las medidas adoptadas.

En concreto, se ha tenido noticia de que muy pocos de los agentes destituidos han sido procesados y algunos han sido contratados de nuevo.