La corrupción es nociva en todas las sociedades. Hay países que han encarado con coraje ese flagelo y alcanzado algunos éxitos. Los países nórdicos aparecen en los estudios de Transparencia Internacional como los más exitosos en la erradicación de la corrupción.
Hay que entender que Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia y Suecia, los cinco países menos corruptos del mundo en el 2016, son desarrollados y tienen una gran parte de sus problemas resueltos.
¿La calidad de vida en los países, y los niveles de desarrollo alcanzado son determinantes para que un país sea menos corrupto?
Los países con mayor índice de corrupción son generalmente muy pobres, en donde los niveles de vida resultan denigrantes. Y allí precisamente es donde los políticos más roban. Según Transparencia Internacional los cinco países más corruptos del mundo son Somalia, Sudán del Sur, Corea del Norte, Siria y Yemén. Son países atrasados, con sistemas políticos frágiles o dictatoriales y con muy escasa institucionalidad.
De 176 países evaluados por Transparencia Internacional en el 2016 la República Dominicana ocupó el puesto 120, por debajo de Uruguay que ocupó la posición 21, siendo el menos corrupto de toda América Latina, Chile con la posición 24, Barbados con la posición 31, Colombia en la posición 90, Argentina la 95 al igual que El Salvador. Perú, Guyana, Trinidad Tobago, Bolivia están mejor posicionados que la República Dominicana.
Ese tema no era de preocupación en el país, hasta que surgió la indignación colectiva con el caso de los sobornos de Odebrecht, los aviones Tucano, el suicidio del arquitecto David Rodríguez Guzmán en la OISOE, las muertes de tres personas, dos locutores entre ellos, en San Pedro de Macorís por la corrupción en el CEA, o la venta del barrio de Los Tres Brazos con toda la gente dentro.
El surgimiento del movimiento Marcha Verde parece un despertar y representa una indignación colectiva para que no sigan sucediendo casos de corrupción sin sanción. Es lo que han prometido los políticos en campaña. Todos los candidatos prometen lo mismo, y quien llega al poder se olvida de lo prometido, y hasta llega a preguntarse, con rabia, ¿dónde están los casos de corrupción que ustedes denuncian? como si hubiese cambiado también la forma de definir la corrupción, que es simple y sencillamente aprovecharse de la función pública para sacar beneficios personales más allá de los beneficios que la ley otorga.
Todo ciudadano conoce de actos de corrupción cometidos en la República Dominicana. Hay países que premian a los ciudadanos que denuncian la corrupción, y que la identifican. Poco a poco en la República Dominicana se corre el riesgo por denunciar la corrupción, como acaba de ocurrirle al activista Juan Comprés, de Moca. O se les acusa y se les lanza gas como a los jóvenes que se presentaron a ocupar el antedespacho del Procurador General de la República esta semana.
Hay convencimiento colectivo de que la corrupción debe ser detenida. Que el enriquecimiento ilícito aprovechando los fondos públicos es un robo intolerable. El dinero público que se roban los funcionarios quita la alimentación de la boca a los pobres, roba los medicamentos de los usuarios de los hospitales, interrumpe el acceso a la educación a niños y niñas que merecen construir un futuro con más dignidad.
Y nadie, desde el Estado, con poder para combatir la corrupción, para dar un manotazo y decir que ya no más, se decide a tomar el toro por los cuernos y procesar judicialmente los actos de corrupción que se denuncian. Alicia Ortega y Omaya Sosa Pascual acaban de dar a conocer un caso más. ¿Por qué respetar tanto el derecho que tienen los corruptos a que se presuma su inocencia, si no hay procesos judiciales serios que terminen con sus actos?
No se pudo procesar a Félix Bautista, ni a Víctor Díaz Rúa, ni se ha avanzado con Félix Rodríguez Grullón, ni se podrá avanzar con Diandino Peña, y menos se podrá procesar al ex presidente Leonel Fernández, ni se investigará a muchos legisladores que hicieron su campaña electoral con dinero del narcotráfico. Esa es la cuestión. No hay juzgadores confiables ni acreditados para sancionar la corrupción. El poder político lo impide. Y parece que por eso la Marcha Verde tiene tanto apoyo, porque forma parte del movimiento global de la anti-poiítica, que ha tenido expresiones en Estados Unidos y muy recientemente en Francia.
¿Será verdad que avanzamos?