PARÍS – En septiembre de 2000, 189 países firmaron la «Declaración del Milenio», que establece principios de cooperación internacional para una nueva era de progreso hacia objetivos compartidos. Terminada la Guerra Fría, confiábamos en nuestra capacidad para crear un orden multilateral que permitiera enfrentar los grandes retos del momento: el hambre y la pobreza extrema, el deterioro del medioambiente, las enfermedades, las crisis económicas y la prevención de conflictos. En septiembre de 2015, todos los países volvieron a comprometerse con un programa ambicioso para el abordaje conjunto de los desafíos globales: la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030 de las Naciones Unidas.
El mundo experimenta tendencias divergentes, por las que una mayor prosperidad mundial fue acompañada de persistencia o aumento de desigualdades. Ha habido una expansión de la democracia, al tiempo que resurgían el nacionalismo y el proteccionismo. En las últimas décadas, dos grandes crisis, que afectaron en gran medida a las sociedades y debilitaron el marco de políticas compartido, sembraron dudas sobre nuestra capacidad para superar perturbaciones, resolver sus causas básicas y garantizar un futuro mejor para las generaciones venideras. También fueron un recordatorio del grado de nuestra interdependencia.
Las crisis más graves demandan las decisiones más ambiciosas para definir el futuro. Creemos que esta puede ser una oportunidad de recrear consenso para un orden internacional basado en el multilateralismo y en el Estado de Derecho, en un marco eficaz de cooperación, solidaridad y coordinación. Imbuidos de este espíritu, estamos decididos a trabajar juntos, en el contexto de la Organización de las Naciones Unidas, los organismos regionales, foros internacionales como el G7 y el G20, y coaliciones ad hoc, para resolver los desafíos globales que enfrentamos y enfrentaremos.
En vez de enfrentar civilizaciones y valores, tenemos que crear un multilateralismo más inclusivo, que respete nuestras diferencias lo mismo que los valores compartidos que están consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
La primera emergencia es la sanitaria. La crisis de la COVID‑19 es la mayor prueba a la que ha sido sometida la solidaridad global en generaciones. Ha sido el recordatorio de un hecho evidente: frente a una pandemia, la cadena de la seguridad sanitaria se rompe por el sistema de salud pública más débil. Mientras haya COVID‑19 en cualquier lugar, las personas y economías de todo el mundo estarán en riesgo.
La pandemia exige una decidida respuesta internacional coordinada para ampliar en el menor tiempo posible el acceso a kits de diagnóstico, tratamientos y vacunas, reconociendo que la inmunización a gran escala es un bien público mundial que debe estar al alcance de todos a un costo accesible. En este sentido, damos nuestro total apoyo al Acelerador del acceso a herramientas contra la COVID‑19, una plataforma internacional lanzada por la Organización Mundial de la Salud y el G20 en abril.
Para que pueda cumplir su misión, es necesario ampliar con urgencia el apoyo político y financiero al Acelerador. Además, somos partidarios de que haya libre flujo de datos entre los participantes y se otorguen licencias voluntarias para el uso de productos patentados. A más largo plazo, también necesitamos una evaluación independiente e integral de nuestra respuesta, para extraer todas las enseñanzas posibles de esta pandemia y prepararnos mejor para la siguiente, un proceso en el que a la OMS le corresponde un papel central.
También estamos ante una emergencia medioambiental. En preparación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) que se celebrará en Glasgow en noviembre, tenemos que intensificar nuestros esfuerzos en pos de limitar el cambio climático y crear economías más sostenibles. Es probable que en los primeros meses de 2021, varios países que constituyen más del 65% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero hayan formulado ambiciosos compromisos con la neutralidad de carbono. Ahora es necesario que todos los gobiernos nacionales, empresas, ciudades e instituciones financieras se unan a la coalición mundial para la reducción a cero de la emisión neta de CO2, según el Acuerdo de París sobre el clima, y que empiecen a implementar planes y políticas concretos.
La pandemia causó la peor crisis económica desde la Segunda Guerra Mundial. Recuperar una economía mundial sólida y estable es una prioridad fundamental. De hecho, esta crisis pone en riesgo los avances de dos décadas en la lucha contra la pobreza y la desigualdad de género. Las desigualdades, al debilitar la cohesión social, son una amenaza para la democracia.
No hay duda de que la globalización y la cooperación internacional han ayudado a miles de millones de personas a salir de la pobreza; pero casi la mitad de la población mundial todavía tiene dificultades para satisfacer necesidades básicas. Y en muchos países, las diferencias entre ricos y pobres se han vuelto insostenibles, las mujeres siguen sin igualdad de oportunidades y muchas personas todavía no ven pruebas de que la globalización las beneficie.
Mientras ayudamos a las economías a superar la peor recesión desde 1945, nuestra prioridad central sigue siendo garantizar el libre comercio basado en reglas, como importante motor de crecimiento inclusivo y sostenible. Por eso, debemos fortalecer la Organización Mundial del Comercio y aplicar a la recuperación económica todo el potencial del comercio internacional. Al mismo tiempo, la protección del medioambiente y de la salud, así como los estándares sociales, deben ocupar un lugar central en los modelos económicos sin dejar de garantizar las condiciones necesarias para la innovación.
Necesitamos una recuperación mundial que llegue a todos. Esto implica incrementar el apoyo a los países en desarrollo (sobre todo en África), tomando como base y ampliando acuerdos de colaboración ya suscritos, como el Pacto del G20 con África y su esfuerzo conjunto con el Club de París en el contexto de la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda. Es esencial dar más apoyo a esos países en la reducción de sus deudas y el acceso a financiación sostenible para sus economías, apelando para ello a todo el instrumental financiero internacional, incluido el activo de reserva del Fondo Monetario Internacional: los derechos especiales de giro (DEG).
Las nuevas tecnologías se han vuelto importantes herramientas de progreso e inclusión, que contribuyen a crear sociedades, economías y estados más abiertos y resilientes, y salvaron vidas durante la pandemia. Pero casi la mitad de la población mundial, y más de la mitad de las mujeres y niñas, siguen sin acceso a Internet y a sus beneficios.
Además, el considerable poder de las nuevas tecnologías también se puede usar para limitar derechos y libertades de la ciudadanía, difundir el odio o cometer delitos graves. Tenemos que trabajar sobre la base de iniciativas previas e involucrar a todas las partes interesadas pertinentes, para implementar una regulación eficaz de Internet, a fin de crear un entorno digital seguro, libre y abierto que permita el flujo de datos en un contexto de confianza. Los beneficios deben llegar sobre todo a las personas más desfavorecidas, lo que incluye resolver los problemas tributarios que plantea la digitalización de la economía y combatir la nociva competencia impositiva.
Por último, la crisis sanitaria interrumpió la educación de millones de estudiantes. Debemos mantener la promesa de proveer educación universal y preparar a la nueva generación con una formación científica y práctica básica, que también incluya la comprensión de otras culturas, la tolerancia y aceptación del pluralismo, y el respeto a la libertad de conciencia. La niñez y la juventud son nuestro futuro, y su educación es fundamental.
A la hora de enfrentar estos desafíos, el multilateralismo no es una mera técnica diplomática, sino un modo de configurar un orden mundial y una forma muy concreta de organizar las relaciones internacionales, basada en la cooperación, el Estado de Derecho, la acción colectiva y la adherencia a principios compartidos. En vez de enfrentar civilizaciones y valores, tenemos que crear un multilateralismo más inclusivo, que respete nuestras diferencias lo mismo que los valores compartidos que están consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El mundo después de la COVID‑19 no volverá a ser el mismo. Hagamos uso de los ámbitos de diálogo y oportunidades disponibles (por ejemplo el Foro de París para la Paz) para avanzar con ideas claras hacia la solución de estos desafíos. Invitamos a líderes políticos, económicos, religiosos e intelectuales a participar en este diálogo global.
Traducción: Esteban Flamini