La decisión de las autoridades del Ministerio Público de postergar las acciones legales contra los actos de corrupción en varias instancias oficiales dejan espacio para el juicio -no precipitado- de que existe una impunidad garantizada a los actos oficiales de corrupción en el tren gubernamental.
Cuando el presidente Danilo Medina asumió el poder, en agosto del 2012, emitió una especie de código ético para los funcionarios designados, que debían firmar al momento de su instalación, para cumplir los parámetros establecidos de normas éticas en la nueva administración. Todos los responsables de hacer cumplir aquellas disposiciones, las han olvidado, lamentablemente.
La corrupción denunciada en la Oficina Supervisora de Obras del Estado (OISOE), que incluyó el suicidio de un arquitecto contratista y puesta en evidencia de extorsión, robo y abuso de los recursos públicos apenas sirvió para someter a la justicia a los más insignificantes participantes del grupo.
Miguel Pimentel Kareh, el entonces director de la OISOE, ha salido indemne de las acusaciones del Ministerio Público, al igual que sus socios y beneficiarios de contratos, y pese al contundente informe redactado por la Dirección General de Contrataciones Públicas sobre el escándalo en la remodelación del Hospital Darío Contreras, que se hizo a instancias del presidente Medina, para el servicio a los más necesitados, nada ha ocurrido que evidencie el fin de la impunidad.
Luego llegó el fraude en el Banco Peravia, con los venezolanos y sus socios locales, y tampoco ocurrió nada. El mismo funcionario fue protegido otra vez, pese a los esfuerzos de la fiscal del Distrito Nacional, Yeny Berenice Reynoso.
A su salida como ministro de Energía y Minas, Pelegrín Castillo, denunció que a la entidad que dirigía le quitaron 1,200 millones de pesos para pagar nominillas de 4,000 miembros del Partido de la Liberación Dominicana. El hecho de que la denuncia se hiciera desde fuera y no cuando era funcionario, deja muchas dudas sobre el oportunismo o no de la denuncia. La cuestión es que el Ministerio Público tampoco hizo nada para investigar, para poner claridad sobre un tema que involucra una gran cantidad de dinero del Estado.
Recientemente el jefe de la Policía, general Nelson Peguero Paredes, denunció que descubrió un robo de 1,200 millones de pesos en la parte de combustibles de la institución del orden. Nadie se acercó, por parte del Ministerio Público, a indagar qué ocurría con ese dinero, a quien beneficiaba el combustible destinado a la protección ciudadana. Como si una autoridad no hubiese sido quien ofreció, voluntariamente, el dato.
Los datos que aún circulan sobre la corrupción en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la gestión anterior a Andrés Navarro, eran abrumadores. Estuvieron en los medios de comunicación durante semanas. El Ministerio Público nunca quiso poner atención a las denuncias y no se sintió aludido, ni siquiera porque el presidente haya dicho, alguna vez, que el dinero público había que defenderlo y que se actuaría hasta por el rumor público.
En San Francisco de Macorís se denunció un fraude de más de 400 millones de pesos en el Ayuntamiento local. En ese caso actuó el Ministerio Público, pero el acusado mantuvo la dirección del cabildo y fue candidato a diputado en las últimas elecciones.
Las denuncias de corrupción en la justicia son un tema habitual. El control político de las decisiones judiciales avergüenza. Casos emblemáticos siguen presentes en la conciencia ciudadana, incluyendo la increíble pasividad de los fiscales, para que nada pase, en la instancia superior del sistema de justicia.
El empresario Manuel Castillo Pimentel denunció ante el presidente las formas como se amañaban las licitaciones del Plan Social de la Presidencia. Empresas de vinculados, de relacionados, que ofertaban productos más caros que sus competidores y que finalmente eran seleccionadas. El empresario del sector privado que hizo la denuncia fue presionado, incluso estuvo bajo sospecha de tratar de mentir a la dirección de Aduanas, y nadie ha querido hacer nada para que el país conozca lo que ha ocurrido con este tema.