Todavía no se ha entendido bien la dimensión que tiene contra la libertad de expresión, la intimación hecha por Euclides Gutiérrez Félix contra las empresas que colocan publicidad en el programa de investigación periodística Nuria, de la ciudadana dominicana, periodista y ejemplar profesional Nuria Piera.

Se trata del chantaje más vulgar e ilegítimo, fuera totalmente de contexto y despojado de cualquier asidero jurídico. Lo que se busca es meter miedo a los anunciantes, como no ha podido conseguirse meter miedo a la periodista. En realidad los anunciantes no tienen responsabilidad en el contenido informativo de ningún medio de comunicación, y eso lo sabe todo el mundo.

La petición de Euclides Gutiérrez Félix a los anunciantes es que ellos presionen para que Nuria Piera no lo siga mencionando a él en el programa Nuria. Y las empresas comerciales no tienen vela en ese entierro. Pero Euclides es funcionario público, y como tal está más expuesto que cualquier otro ciudadano al escrutinio público, y en particular al escrutinio de los medios de comunicación.

Y Euclides incumple con todos los parámetros de comportamiento ciudadano al negarse a pagar la energía eléctrica que ha recibido durante 70 meses. Tiene una fortuna que él trata de explicar con la venta de libros al Estado y a los ciudadanos, y hace intimaciones como Superintendente de Seguros a entidades sujetas a su supervisión, como la Universal de Seguros y el Banco Popular, a las cuales ha mencionado por sus nombres.

Lo que Euclides desea, y de paso quienes lo apoyan en su cadena de oprobios, es acallar a los medios de comunicación. Quiere cerrarle la boca a Nuria Piera, quiere poner una mordaza a Alicia Ortega, quiere que el Grupo Corripio le cierre el programa a Fernando Cavada. La censura es lo más aborrecible que puede existir en una sociedad democrática. Es la pretensión más inaceptable, y más si procede de un funcionario público.

Tal vez el gobierno y el PLD no se han percatado de las dimensiones que este conflicto –aparente entre particulares- tiene para el resto de los medios de comunicación. Ya el ex director del INDRHI, Héctor Rodríguez Pimentel, pretendió la misma mordaza contra Alicia Ortega y su programa El Informe, y no lo logró porque un tribunal dictó una decisión contraria al pedido que hizo a los anunciantes del Grupo SIN.

Lo que menos conviene al gobierno y al PLD, ahora y siempre, es un conflicto con los medios de comunicación o con los periodistas que han ejercido un periodismo de ayuda a higienizar la función pública. Nuria Piera o Alicia Ortega tienen esa característica. Sus trabajos periodísticos han sido de gran ayuda para el gobierno del doctor Leonel Fernández, porque han identificado debilidades que el propio gobierno, con sus mecanismos de supervisión, no había detectado.

Ese periodismo debe ser protegido. Ese periodismo debe ser estimulado. Ese periodismo debe ser cuidado. Nuria Piera está en los medios y se encuentra entre las personalidades mejor valoradas del país, por su práctica honesta, por su empeño en hacer más transparente la función pública, por arriesgar su tranquilidad, su seguridad y su propia vida para que el país tenga mejores servidores. Nuria ha sido más eficiente que el Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA). Por tanto, es una labor que en vez de censurarla el Estado debe proteger.