¿Con cuáles criterios se escoge a los miembros del Congreso Nacional? Tanto para el Senado como para la Cámara de Diputados, los ciudadanos votan atraídos por el clientelismo y la capacidad económica del postulado por los principales partidos políticos. Desde ese momento, los legisladores establecen una relación de ventajas: Ellos compran cajas de muertos, medicamentos, canastillas para embarazadas, compras de alimentos para los más pobres de sus municipios y provincias, y reciben votos.
Es una relación clientelar la que se da, desprendida absolutamente de cualquier compromiso para legislar en beneficio de la comunidad o para el bien del país. Esos propósitos enaltecedores existen solo de palabras. Los aspirantes a posiciones en el Congreso responden en primer lugar a sus ambiciones personales, en segundo lugar a los grupos a los que pertenecen dentro de los partidos políticos, y en tercer y último lugar, acogen las líneas que les trazan los partidos. Jamás representan las necesidades ni aspiraciones de quienes dieron sus votos para esa elección.
Los partidos políticos cuando postulan un aspirante a legislador, tampoco tienen objetivos claros sobre la calidad ni la capacidad del candidato. Toman en cuenta si esa persona tiene dinero para hacer campaña, si esa persona ha promovido sus aspiraciones y cuenta con apoyo en la base social más pobre, y lo más importante, si esa persona Puede ganar la posición y responder a los intereses del candidato presidencial de su partido.
Ahí terminan los compromisos de los legisladores. No valen la formación educativa ni profesional, su historial de servicio a una causa popular, ni siquiera se toma en cuenta su calidad personal, su honradez, si ha tenido o tiene antecedentes criminales o penales. Por eso, en el Congreso hay por lo menos 20 legisladores que tienen bancas de apuestas, otros que son propietarios de negocios de dudosa reputación, algunos que tienen moteles, gasolineras, otros que trafican con personas en la frontera, y los hay que responden a algún tutumpote que les ha puesto dinero en la mano para que se promuevan, lleguen al Congreso y defiendan algunos intereses particulares, relacionados con ese “mecenas”.
¿Y cómo contribuye esto a la calidad de la labor legislativa? Muchísimo. Es extraño encontrar algún legislador que lea completas las piezas que les son sometidas por el Poder Ejecutivo o por algunas instituciones interesadas y con capacidad para proponer iniciativas legislativas. Incluso, los hay que hacen discursos sobre piezas legislativas en debates, sin haberlas leído. Las propuestas se aprueban o desaprueban dependiendo de dónde vengan.
La calidad legislativa pasa, por supuesto, por la calidad del debate al interior de las comisiones y del propio hemiciclo. Es precario y dudoso el debate, con muy pocas excepciones. Pocos tienen los instrumentos y la capacidad para analizar un contrato de préstamo, o una pieza relacionada con el sector financiero, o con la construcción, y por eso no es posible pensar, siquiera, en que tengan capacidad para hacer una evaluación honesta y profunda de las propuestas de ley de presupuestos y gastos de la nación, y menos de los informes que les entrega el poder ejecutivo a fines de ser descargado cada año de la responsabilidad ejecutoria. Todo pasa sin novedad, porque se aprueba dependiendo de quien lo envía y lo que se persigue.
Lo otro es el negocio particular, la ventaja que se puede recibir, sumar números en las propuestas de los dirigentes políticos en disputa. Así puede ser resumida la experiencia legislativa dominicana. Por lo menos la que hemos tenido y tenemos hasta este momento.
Pocos legisladores tienen la capacidad de reflexionar sobre su rol, sobre el contrapeso que representan frente a un Poder Ejecutivo que lo arropa todo, y muchos menos reflexionan sobre la quiebra democrática que esta limitada labor representa. Hace apenas unos días en Paraguay hubo un ataque violento de grupos de ciudadanos indignados contra las instalaciones del Congreso de ese país. Se quejaban de la precaria calidad de sus servicios, y de que estaban plegados a hacer negocios, sin representar a la sociedad. Habrá que incentivar a los legisladores dominicanos sobre el riesgo que tendría nuestra democracia si la gente se entera que nuestros congresistas son tan vagos e interesados en acumular solamente para su propio provecho.