El procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, informó el sábado 27 de agosto la conclusión de la labor del Ministerio Público en sus investigaciones sobre el tráfico de órganos y las pesquisas que se iniciaron en torno a varias clínicas de la zona oriental, bajo la sospecha de que podrían estar involucradas con el tráfico de órganos.
No fue claro el señor Procurador, pues su mensaje decía: “Las investigaciones que realiza el Ministerio Público a través de la Fiscalía de Santo Domingo a varias instalaciones del Grupo de Clínica Integral, ha culminado”. “En ese sentido, por parte del Ministerio Público, queda sin efecto el cierre momentáneo de los recintos de dicho grupo que fueron intervenidos”.
Como se dispuso la reapertura de los centros médicos, habría que suponer que no fue encontrado nada que comprometiera la responsabilidad de esas instituciones con el tráfico de órganos. ¿Por qué razón, tratándose de un tema tan delicado, no fue más explícito el Procurador y en vez de mensajes en Twitter entregara un documento con más datos del trabajo investigativo realizado?
El Centro Médico Integral, de la carretera Mella, es el más grande y con más servicios, de los que fueron intervenidos por las autoridades. Se sospecha del Centro porque los restos de la niña de 10 años Carla Massiel Cabrera, desaparecida hace un año, fueron encontrados en la cercanía de una finca propiedad de un accionista de la clínica, ya fallecido.
Fernando Morales Billini, presidente del Centro Nacional de Transplantes, negó la relación entre el hallazgo de los restos de la menor y el tráfico de órganos. Una cosa no tiene que ver con la otra dijo el profesional de la salud, al tiempo de cuestionar la forma en que se produjo la exhumación del cadáver. Se ponen en riesgos muchos servicios y se genera, sin que haya intención de hacerlo, un daño muy grande a la política de trasplantes de órganos del país.
Por tanto, el Ministerio Público ha debido actuar con más prudencia. Los profesionales de la salud que trabajan en los centros de salud integral aún tienen sobre sus hombros y sobre su conciencia la tacha moral que implica ser investigado por un crimen de tanta gravedad.
Si el Procurador General de la República dio por terminado el caso, cuál es la razón por la que la Fiscalía de la Provincia de Santo Domingo retuvo bienes y archivos de los centros médicos que aún no devuelve, por ejemplo los computadores que fueron incautados, con los expedientes de los pacientes que han recibido y reciben tratamiento allí.
La Fiscalía de la Provincia de Santo Domingo debe despejar las dudas sobre la profesionalidad o no en sus servicios de los centros de salud integrales que han sido cerrados y posteriormente permitida su reapertura. Despejar las dudas no implica que cierren el caso y todo vuelva a la normalidad, sin que haya una conclusión. Despejar las dudas significa que el crespón que le han echado a los profesionales que allí laboran quede sin ninguna mancha, reconocido por las autoridades, cuando determinen que se han equivocado el buscar donde no era.
Y reconocer el error no necesariamente es una vergüenza para las autoridades. El celo por descubrir un crimen, o una serie de crímenes, es entendible en un caso tan dramático. Si la autoridad ha incurrido en un daño a terceros en su investigación, debe reconocerlo. Es lo que corresponde, y mientras más pronto lo haga, menor será el daño que se derive de sus actuaciones.
Otra cosa es el aprovechamiento por parte de terceros, del daño provocado por las autoridades. Centros de servicios médicos en la zona, y que están a punto de comenzar a brindar servicios al público, como parte de una competencia de mercado, entendible y natural, ya realizan labor de conquista de los profesionales con contratos de consultas y servicios en las clínicas cerradas y reabiertas. La tacha todavía sigue, y es necesario que el Ministerio Público cubra cuanto antes su falta.