Desde que el Presidente de la República devolvió al Congreso el Código Penal, señalando que favorecía que se despenalizara la interrupción voluntaria del embarazo en tres condiciones, muchas mujeres se han dejado marear con la propuesta, considerándola satisfactoria; me imagino que muchas, de buena fe, creen que ese es un primer paso, que conllevará eventualmente a la despenalización pura y simple.
Como se decía antes “de eso nada, monada”.
Con todo el respeto hacia esas opiniones, me permito disentir de ese razonamiento.
En realidad, someter la interrupción voluntaria del embarazo a condiciones, que no van a depender de la voluntad de la mujer, colocan a las mujeres vulnerables en peores condiciones. Pero sobre todo y fundamentalmente, le arrebatan a las mujeres dominicanas, cualquier pretensión de poder disponer de su cuerpo con entera libertad.
En efecto, la decisión de la mujer no va a depender de sus circunstancias y su voluntad: va a depender de la buena pro de un tercero, un médico, que va a determinar si esa decisión es cónsona con “resultados” consistentes con las disposiciones legales; en esa determinación, van a influir las convicciones ($) personales de ese tercero, su particular y personal percepción de lo que es el riesgo personal para la mujer de continuar con el embarazo, la naturaleza y profundidad de la discapacidad que afecta al feto y finalmente escapa a la voluntad de la mujer, el aspecto jurisdiccional del incesto y la violación que producen un embarazo.
El incesto y la violación son infracciones a las leyes penales y para que pueda ser una condición aceptable de interrupción voluntaria del embarazo, la mujer debe presentar denuncia o querella, hacer la prueba de que el procreador era uno de los parientes que la ley establece que cometen incesto al tener una relación sexual con una mujer de su familia, hacer la prueba de la violación, cuando todos conocemos los medios de que disponen la policía y el Ministerio Público para tomar las pruebas en condiciones de decencia, respeto a la dignidad de la mujer que ha sido vejada; las preguntas afrentosas e inmorales sobre el comportamiento de la mujer en caso de violación y finalmente los plazos de los procesos judiciales.
El que no ha sido hombre para denunciar y sancionar a los pedófilos de toda laya, no puede erigirse en censor moral de una mujer que en la necesidad, la angustia y la pobreza tiene que recurrir a una interrupción voluntaria de embarazo
El otro pespunte que tiene toda esta discusión es que son las mujeres menopaúsicas, los hombres de iglesia (católicos o de otras denominaciones) y los legisladores que se quieren hacer los graciosos con los altos miembros de sus iglesias, los que salen a vociferar en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, ninguno de los cuales tiene calidad para hacerlo: las mujeres menopaúsicas porque ya su carnaval pasó y aunque quieran no son fértiles y no están sometidas a la angustia de un embarazo de alto riesgo; entre los hombres de iglesia, los católicos porque están constreñidos al celibato y no conocen de la responsabilidad económica, moral y social que significa tener todos los hijos que una mujer pueda concebir; los evangélicos, que aunque no están sujetos a la regla del celibato, la gran mayoría, con escasas excepciones escogió esa vida en la edad adulta con su familia formada o en formación; y se oponen, para no ser menos que los católicos.
Pero principalmente, los hombres no tienen vela en ese entierro, cuando todos conocemos el alto grado de irresponsabilidad paterna que muchos ejercen y exhiben y la gran facilidad que tienen para ello sin incurrir en la crítica social.
Además el que no ha sido hombre para denunciar y sancionar a los pedófilos de toda laya, no puede erigirse en censor moral de una mujer que en la necesidad, la angustia y la pobreza tiene que recurrir a una interrupción voluntaria de embarazo.
La interrupción voluntaria del embarazo en este país igual que en muchos otros, es una preocupación de las mujeres pobres, porque las que tienen medios económicos, encuentran clínicas privadas dotadas de todas las comodidades de higiene y salubridad para hacer, sin cuestionamientos, las interrupciones voluntarias de embarazo o pueden tomar un avión para viajar a países donde está libremente permitida.
Francamente no entiendo porque toda esta terquedad en insistir en penalizar un asunto que está penalizado desde que se votó el Código Penal, que no se aplica, que no es perseguido por el Ministerio Público, lo que demuestra que la “ley es violada, ridiculizada y que la diferencia entre las infracciones cometidas y las que son perseguidas es tal que no se puede propiamente hablar de represión, es el respeto de los ciudadanos por la ley y en consecuencia, la autoridad del Estado que son puestas en causa”, dijo Simone Veil en su discurso al Parlamento francés el 26 de noviembre de 1974, cuando el gobierno sometió el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo.
Es decir, hace más de cuarenta años y sus palabras conservan el rigor científico y jurídico que las animó y describe una situación que guarda una estrecha relación con la situación jurídica y social actual de las mujeres dominicanas.