Pablo Ross ha sido un profesional exitoso, tanto en el marketing, como en la comunicación y en la política. Tiene verbo, capacidad de convencimiento y una amplia acumulación de conocimientos, que le llevaron a atreverse a justificar lo que a todas luces no era aceptable ni admisible. En su poderío comunicacional hizo lo que la mayoría de las personas con éxitos en los medios de comunicación no se atreve a hacer. Claro, mucha gente le supone haber ganado mucho dinero en su exitosa carrera.
Sin embargo, el magistrado José Alejandro Vargas, de la Oficina de Atención Permanente, encontró pruebas que incriminan a Pablo Ross como un abusador sexual contra una menor de edad, que además, es su hijastra. El juez de instrucción encontró las pruebas en los testimonios ofrecidos por la propia víctima, por la madre de esta, que a su vez es la esposa de Ross, y por los testimonios aportados por el Ministerio Público en la acusación, que incluye interrogatorios a psicólogas y otras personas que tuvieron conocimiento del caso. Los abusos sexuales ocurrían desde el año 2014, fecha en que Pablo Ross casó con la madre de la menor.
No deja de ser inquietante que el superdotado e inteligente Pablo Ross, analista de la conducta de las personas, se mostrara tranquilo y sonriente cuando los medios de comunicación lo abordaron la pasada semana, cuando se hizo el primer intento por conocerle medidas de coerción. Incluso mostró las esposas y sonreía con escasa o nula preocupación, pese a estar detenido y lo que representa una acusación de esta magnitud, en una época en que hay tanta sensibilidad social, jurídica y política sobre los abusos sexuales, y en particular los abusos sexuales contra menores.
Habría que suponer que Pablo Ross cree que no ha cometido ningún delito, y que todo se aclarará porque él colabora con la investigación del Ministerio Público. O tal vez habría que aplicarle la presunción de inocencia, que tampoco él reclama, porque admitió los hechos denunciados ante la madre de la menor, y posteriormente ante el juez José Alejandro Vargas.
Su conducta, sólo tomando en cuenta lo narrado aquí, merece algún estudio psicológico. ¿Habrá elementos que se desconocen sobre este caso y que él desee ocultar, o que la investigación deje a un lado, admitiendo los hechos de abuso sexual que le imputan la víctima y sus padres?
A los personajes con tanta publicidad, y relacionados con los medios de comunicación, como es el caso del publicista Pablo Ross, no hay que condenarlos de entrada por sus actos. Como cualquier ciudadano, tiene que ser investigado y sancionado, en caso de que las pruebas lo señalen como autor de los hechos que se le imputan.
Sin embargo, en tiempos de las redes sociales, del #MeToo, el comunicador, locutor, charlista, periodista y político Pablo Ross debe tener conciencia que su carrera, su vida como era hasta ahora, terminó y que la saña de la sociedad por sus actos no terminará con el cumplimiento de la pena a que sea condenado por los tribunales, independientemente de los abogados que pueda tener. Si admitió los hechos por los que está condenado a pasar tres meses en la cárcel, de manera provisional, en lo que es investigado, y por los que será condenado en el juicio de fondo, su verbo y capacidad comunicativa ya lo les servirán.
El caso de Pablo Ross también debe ayudarnos a entender, como sociedad, que las niñas y los niños tienen que ser protegidos, y que los depredadores sexuales buscan la manera de esconderse en cualquier ropaje, sea la sotana del sacerdote católico o el pastor evangélico, como en el primo adulto, en el tío, el abuelo o el experto en marketing que diariamente sus padres escuchan y disfrutan en la radio, como en el desconocido que asalta en la oscuridad de cualquier esquina de ciudades y campos.
La responsabilidad sigue en manos del Ministerio Público, como receptor de la denuncia, recopilador de las pruebas y representante de la sociedad en el proceso penal contra una persona reconocido, admirada y apreciada de los medios de comunicación, que no era quien parecía ser, pero que tiene a su favor la rápida admisión de los hechos que se le imputan.