El caso Odebrecht que se ventila en los tribunales desde hace casi cinco años, y que pasó la mayor parte de este tiempo en la Suprema Corte de Justicia, está llegando a su final en el Tribunal Colegiado de Primera Instancia del Distrito Nacional. Es apenas el inicio de un largo periplo.
Este lunes el Ministerio Público dio inicio a la presentación de los cargos contra los seis imputados. Cada uno de ellos ya ejerció su defensa material y su defensa técnica, y el tribunal está lo suficientemente edificado para tomar una decisión sobre las imputaciones que ha presentado el Ministerio Público.
Hay que recordar que este caso lo inició el anterior Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, diciendo que estaban todos los que son y que los 14 señalados eran todos los que estaban.
El propio procurador excluyó ocho de sus propios imputados, pero incluyó a Jesús Vásquez actual ministro de Interior y Policía, a quien el magistrado Francisco Ortega Polanco, como juez especial de la SCJ para el caso, lo excluyó. Han quedado solo seis personas encartadas.
Esas personas son Angel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa, Conrad Pittaluga Arzeno, Tommy Galán, Andrés Bautista García y Roberto Rodríguez. Son los que supuestamente habrían recibido 92 millones de dólares en sobornos por parte de Odebrecht.
Fue Estados Unidos el país que obligó a Odebrecht a revelar los fraudes cometidos en sus operaciones. Este lunes ese país acaba de publicar un informe del Departamento de Estado sobre el clima de inversiones en el mundo en 2020, y allí incluye a la República Dominicana. Y dice lo siguiente:
“El clima de inversión en los próximos años dependerá en gran medida de si el nuevo Gobierno decide implementar las reformas necesarias para promover la competitividad y la transparencia, frenar la expansión de la deuda pública y llevar a los funcionarios públicos corruptos ante la justicia”.
No dicen, pero dicen. Observan lo que ocurre en la justicia y otros ámbitos. Hay muchos temas en juego en este proceso. El hecho de que Jean Alain Rodríguez este en prisión por prevaricación y otras acusaciones no tiene por qué anular de raíz este proceso. El Tribunal Colegiado de Primera Instancia que preside Giselle Méndez y que integran Tania Yunes y Jissel Naranjo, no tiene por qué anular este proceso. Tampoco tiene razones para condenar a todos. Que la balanza de la justicia, y las pruebas, sean las que dicten la decisión correcta en este caso. No concluye con esta decisión. Seguirá su curso en las más altas instancias de la justicia dominicana. Apelación y corte de casación, y quien sabe, hasta el Tribunal Constitucional.
Luego de tanto esfuerzo, tantas marchas verdes, tantas denuncias, escaramuzas, no es posible echar por la borda toda la experiencia. No es cierta la sentencia del ex procurador de que estaban todos los que son y eran todos los que estaban. Integrantes del Ministerio Público han dicho que existe un Odebrecht 2.0 y ojalá sea cierto y haya una investigación incluyente, que contemple a los que recibieron parte de los fondos que admitió haber entregado Odebrecht.
La otra cosa que queda por aclarar es la existencia o no de un acuerdo con Odebrecht para colaborar en la investigación, y por lo cual quedaron excluidos sus funcionarios en República Dominicana luego de cometer delitos flagrantes aquí. Una posibilidad es la denuncia del Ministerio Público de ese acuerdo, por incumplimiento de la empresa, y la apertura de un proceso judicial que complete todo el cuadro de irresponsabilidades.
Es muy probable que el Ministerio Público termine este martes la presentación de sus acusaciones contra los señalados como responsables de la recepción de sobornos. El país espera justicia de calidad en un caso que quedará en los anales más destacados de los tribunales dominicanos.