El acuerdo del gobierno con el Consorcio constructor de Punta Catalina huele a urgencia, en primer lugar, y resulta más que oneroso para el gobierno y para el país.
Crear un fondo de contingencia por 336 millones de dólares, para aportarlo al consorcio a fin de terminar la planta y poner a operar la primera turbina en diciembre del 2018 y la segunda en febrero del 2019, parece una encerrona.
Recientemente salieron de producción cinco plantas generadoras de electricidad. Hay una agudización del déficit energético y los apagones han retornado como en los mejores tiempos. Recordar a Julio Sauri, o a Balaguer autodesignándose administrador de la Corporación de Electricidad sirve de poco.
El gobierno del presidente Danilo Medina dijo que resolvería la crisis del sector eléctrico y que Punta Catalina sería el fin de los apagones. Y que no habría más chantaje ni apagones financieros. Nada de eso sirve ahora. La realidad es que no hay solución al déficit de generación ni la habrá luego de que entren a operar las dos turbinas de Punta Catalina.
Mientras tanto, el consorcio que construye la planta tiene una demanda en arbitraje, contra el gobierno dominicano, por 708 millones de dólares. El gobierno ha dicho que no pagará ese dinero, en atención a la recomendación que hizo una comisión designada por el presidente Medina para analizar la concesión de la obra y si había sobrevaluación en los costos. La comisión, presidida por Agripino Núñez Collado sugirió al gobierno no pagar un centavo más de los 1,945 millones de dólares acordados en el contrato.
Al gobierno le urge atender el déficit energético. Más que todo por razones políticas. Si el presidente quiere emprender la aventura de cambiar la Constitución para volver a reelegirse, necesitará dar la impresión de eficiencia en el área energética. Y por eso parece que ha accedido a disponer de 336 millones de dólares para finalizar la obra. Tremendo error.
El acuerdo, poco transparente por cierto, indica que quien asumirá el costo de los 336 millones de dólares será quien pierda el arbitraje que se encuentra en una corte en el Estado de Nueva York. Y desde hace tiempo que ya abogados experimentados han dicho que no hay forma de que el gobierno gane ese litigio.
Lo que pasará es que el gobierno pagará 336 millones de dólares, y tendrá que pagar el monto que determine la corte de Nueva York, por la diferencia con el consorcio encabezado por Odebrecht por los 708 millones de dólares. Estamos hablando de aproximadamente 1,044 millones de dólares adicionales a los 1,945 millones. Es un costo demasiado alto por una planta energética que no resolverá el déficit. Esto quiere decir que la planta Punta Catalina le estaría costando al Estado 2,989 millones de dólares, más o menos el mismo monto señalado por el ingeniero Eulogio Santaella en varios análisis que ha Publicado en Acento.
Sencillamente, no es justo que el gobierno realice estas transacciones y haya tan poca transparencia. Poco a poco nos vamos convenciendo de que Punta Catalina podría ser el Titanic del gobierno del presidente Danilo Medina.