La campaña electoral se ha tornado ya agresiva y llena de insultos y acusaciones.
Era previsible que así ocurriera, con la cuarentena, el Covid-19, el uso de los recursos públicos y los resultados de estudios de opinión pública que tornan cada día más angustiante el proceso político.
Algunos han hecho expedientes, han vinculado a candidatos con procesos penales, les han atribuido responsabilidad mayor en crímenes que resultan, por lo menos hasta ahora, imposibles de sostener. Pero como es campaña electoral todo se vale. La impunidad para los “denunciantes” está garantizada.
Algunos supuestos investigadores, criminales de honras ajenas, andan cazando fortunas, añadiendo clientes a su historial de chantajes y extorsiones. Crédito no tienen, pero como resultan atrevidos, al parecer son utilizados ahora en abundante frenesí para asesinar reputaciones, para formular expedientes (inventados), y para lanzar cuantas diatribas resulten creíbles. En esas andamos en este momento.
Y los daños colaterales no tienen que evitarse. Hay garantías de impunidad frente a todas las acusaciones que se hagan, porque con el resultado electoral todo lo que se diga ahora se borrará. Esa es más o menos la garantía. Y disparar contra empresarios, como Pepín Corripio, o hablar de la vida íntima del presidente de la República, levantan el morbo y sirven para ganar adherencias, pues eso también se hace.
Obviamente, vamos por el camino equivocado. La política, y ahora la campaña electoral, no es el escenario de la honestidad, la capacidad y la transparencia. Es el escenario de los malignos, de los que tengan mayor capacidad destructiva. Mientras los candidatos hablan de propuestas, y no tocan temas delicados ni luchas de intereses, los sicarios tienen garantías para hacer la otra labor, la campaña más asqueroso que hayamos podido ver en los últimos tiempos en la República Dominicana.
Y el país continúa siendo testigo, con los líderes de este proceso en tranquilidad, pero por lo bajo azuzando lo más vulgar y deshonesto de la campaña.