El presidente de la República, doctor Leonel Fernández, acaba de designar a José Francisco Peña Tavárez como nuevo administrador de la Lotería Nacional.

Se trata de un nieto del doctor José Francisco Peña Gómez. Vale decir, un hijo de José Francisco Peña Guaba, presidente del Bloque Institucional Social Demócrata y ex administrador de La Lotería, del Inespre y de la Autoridad Portuaria Dominicana.

Peña Guaba anunció esta semana que su partido dejaba de formar parte del Bloque Progresista, como se denomina al conjunto de organizaciones aliadas del Partido de la Liberación Dominicana.

El decreto 542-11 que designa a Peña Tavarez es lacónico, como se acostumbra en estos casos. No hay datos de las cualidades profesionales, académicas, administrativas o gerenciales del designado. Podría ser un experto en asuntos de lotería, tomando en cuenta que ya su padre pasó por esa posición y pudo haberse inclinado por inducir a su hijo a especializarse en el tema.

Independientemente de las cualidades que posea José Francisco Peña Tavárez, hay que entender el cuadro por el que atraviesa la Lotería Nacional en este momento. Es una entidad que lleva varios meses sin pagar el salario de sus empleados. Tiene compromisos con más de 3,800 servidores, incluyendo a los pensionados, que pasan de mil.

La Lotería Nacional pierde dinero todas las semanas. Pagar el último mes requirió que el presidente Leonel Fernández autorizara al Ministerio de Hacienda desembolsar 40 millones de pesos. La Lotería está en franca bancarrota. Desde hace tiempo esa entidad vivía de una irregularidad: cobrar impuestos a las bancas de apuestas o de otras loterías existentes en el país.

Era una irregularidad que se corrigió hace unos meses con el paquete de reformas fiscales, y cuando fue traspasada a la Dirección General de Impuestos Internos la facultad de cobrar los impuestos a las bancas de apuestas, como debía ser. Mensualmente la Lotería cobraba un promedio de 75 millones de pesos por ese concepto.

Lo lamentable es que no hay un plan del gobierno para convertir a la Lotería en una entidad saneada, eficiente, que genere recursos. La Lotería empobrece más a los pobres, como todos los juegos de azar. El Estado debe desprenderse de esa lacra, que ha sido casi siempre un botín para el pillaje de los políticos. Es probable que ahora no sea diferente. La administración se otorga como un premio a alguien para que esté cercano al gobierno, o al partido de gobierno, y saque ventajas.

Es lamentable que en medio del descalabro de la economía, instituciones como la Lotería se mantengan para alimentar la ración del boa, para suplir alimento al clientelismo político. España tiene un modelo más transparente, más eficiente socialmente, pues la Loteria es administrada por la asociación de ciegos de ese país, y sus utilidades son utilizadas para beneficio del conjunto de los no videntes españoles.

Tal vez el mejor plan podría ser que la Lotería Nacional se entregue a la Asociación Dominicana de Rehabilitación, al Instituto Nacional de la Diabetes, al Instituto de Dermatología, a la Asociación Dominicana Pro Bienestar de la Familia, al Instituto Contra el Cáncer y otras entidades, que conformen un patronato, y que sus beneficios sirvan para financiar esas actividades en bien del país.