El pasado martes, en San Francisco de Macorís una patrulla policial de los denominados “Linces”, hirió en una pierna a un ciudadano y luego lo golpeó de manera repetida e innecesaria, en una exhibición de violencia y brutalidad que no tiene ninguna justificación.

El hecho se produjo en momentos en que esa ciudad se hallaba paralizada debido a una huelga convocada por grupos populares y juntas de vecinos que reclaman a las autoridades el cumplimiento de promesas relativas a reparación y construcción de obras de infraestructura, sobre todo escuelas, calles y carreteras,  y mejoría de servicios.

Tal como captaron las cámaras de periodistas de esa ciudad del Nordeste de la República Dominicana, el ciudadano víctima del excesivo uso de la fuerza policial se hallaba dentro de una vivienda cuando fue apresado, y en ningún momento se resistió al arresto ni hizo gestos de insubordinación contra los agentes policiales.

Y lo peor, estaba herido en una pierna, lo que le hacía caminar con dificultad, pero aun así fue obligado a subir a una camioneta mientras era golpeado a macanazos, cachazos y puñetazos en el cuerpo y en la cara.

Es necesario recordar que en un estado de derecho es a las autoridades, a las que corresponde salvaguardar el orden con apego a las leyes,  y con respeto de los derechos y la dignidad de las personas a las que están llamadas  a disuadir o  someter a la obediencia

Esperamos que el jefe de la Policía Nacional, mayor general José Armando Polanco Gómez, observe detenidamente ese vídeo, colgado primero por el blog http://www.calle56.com, y luego colocado en Acento.com.do y otros portales noticiosos.

Asimismo, en San Francisco de Macorís han muerto dos personas y varias más han resultado heridas durante los dos días de protestas.

Se podría argumentar que sin quienes protesta no salen a las calles colocar obstáculos y a encender neumáticos, no se producirían estos hechos dolorosos y lamentables.

Sin embargo, es necesario recordar que en un estado de derecho es a las autoridades, a las que corresponde salvaguardar el orden con apego a las leyes,  y con respeto de los derechos y la dignidad de las personas a las que están llamadas  a disuadir o  someter a la obediencia.

El Ministerio Público tiene la responsabilidad de investigar esos hechos y establecer quién o quiénes deben cargar con la responsabilidad para que se proceda como ordenan las leyes.

La vida es el más valioso de los derechos humanos y civiles, y no puede ser violentado sin que se produzcan las debidas consecuencias de acuerdo con el estado de derecho y el ordenamiento jurídico de la nación.