El Senado de Brasil terminó el juicio político o impeachment a la presidenta Dilma Rousseff. Quedó definitivamente destituida y fue oficializado en el cargo el vicepresidente Michel Temer, miembro de un partido que fue aliado al Partido de los Trabajadores, que lidera Luis Ignacio Lula Da Silva.
El proceso se inició el octubre del año pasado, con un sometimiento de tres abogados, incluido el famoso Hélio Bicudo, de 94 años, y quien fuera fundador del Partido de los Trabajadores. A Dilma no se le acusó de la comisión de actos de corrupción o de lavado de activos o de cualquiera de las imputaciones que pesan contra cientos de políticos, empresarios y legisladores de Brasil. Se le acusó de la comisión de un delito relacionado con el maquillaje fiscal. Ocultó cuentas oficiales para tapar el déficit presupuestario.
Dilma siempre dijo que era inocente. Y calificó el juicio en su contra como un golpe de Estado. Mientras se destapaban los escándalos de corrupción del proceso conocido como Lava Jato, y se conocían las delaciones premiadas de los puestos en prisión, incluyendo al asesor Joao Santana, se daba continuidad al proceso legal para destituir a la presidente y oficializar el mandato de Temer hasta el 2018.
Dilma gobernó cinco años. Un primer período completo y un año de su segundo mandato. Para el proceso electoral último, en que Dilma obtuvo la reelección, se habló mucho sobre la llamada “caja 2”, que era una especie de receptáculo de fondos ilegales provenientes de diversas fuentes, y que le permitía a la presidenta distribuir recursos en las áreas que más necesitaba el propagandista Joao Santana.
Si se piensa que con la destitución de Dilma este proceso llegaba a su fin, están equivocados quienes se apoyan en esta presunción. Ahora viene el proceso legal, por prevaricación y corrupción contra Luis Ignacio Lula Da Silva, el líder del Partido de los Trabajadores, quien fuera dos veces presidente, y había anunciado que volvería a lanzarse como candidato presidencial para las elecciones del 2018.
En el caso de Lula ya existen acusaciones formales por obstrucción de la justicia y se le investiga por tráfico de influencia y por enriquecimiento ilícito, tanto a él como a sus familiares más cercanos. La justicia de Brasil no se detiene y cuenta con el apoyo de amplios sectores sociales para continuar el Lava Jato hasta concluirlo, luego de haber puesto en las cárceles a los más ricos e influyentes empresarios del más grande de los países de América Latina.
Nadie está exento de un proceso legal, y más cuando se ha ejercido el poder controlando todos los mecanismos democráticos. El poder absoluto corrompe absolutamente a quienes lo ejercen, en ocasiones, y cometen el error de no pensar que su ejercicio tiene un término. Los compromisos, los negocios, el dinero fácil, el boato del poder, los millones para cualquier cosa sin relevancia llevan a la pérdida de las perspectivas. En el caso de Dilma no se le acusa de corrupción, ni se le encontró ninguna prueba que así fuera.
Fernando Collor de Melo, ahora senador, fue acusado en Brasil en 1992, y se le hizo un impeachment, que no llegó hasta la votación final como ahora. Collor de Melo renunció de la presidencia antes de que se votara. Ahora votó a favor de la destitución de Dilma. Las realidades políticas son cambiantes.
Alberto Fujimori, en Perú, cerró el Congreso de ese país, practicó la corrupción y el crimen, e instituyó a Vladimiro Montesinos como el poder detrás del trono. Ambos siguen bajo prisión todavía.
Los militares argentinos que dieron el golpe de Estado en ese país y que hicieron desaparecer a miles de ciudadanos, aparte de llevar a otros miles a la muerte por una guerra bastarda, han sido procesados y siguen siendo juzgados, incluso al borde de la muerte por razones de edad.
Augusto Pinochet, dictador chileno, luego de ser el dueño de Chile y de las tropas bajo su mando ejecutar a miles de personas, incluyendo al presidente Salvador Allende, terminó sus días huyendo de la persecución judicial, y sus cuentas en bancos embargadas.
Más recientemente el ex presidente de Honduras Manuel Zelaya fue derrocado por intentar cambiar la constitución para buscar la reelección. El presidente Otto Perez Molina, de Guatemala, y la vicepresidenta Rosana Baldeti, fueron destituidos por el Congreso de su país y llevados a juicio por corrupción. En Panamá el ex presidente Ricardo Martinelli se le hizo un juicio por corrupción, salió del país y se estableció en Miami con sus familiares. La justicia del país lo declaró en rebeldía y espera su extradición.
Es obvio que la impunidad no está garantizada para los presidentes o ex presidentes, por más pequeños que sean sus desmanes. Si hay jueces decididos a hacerles pagar sus cuentas nunca estarán tranquilos. Esa es la lección que debe sacarse del juicio de impeachment contra la señora Dilma Rousseff, y por supuesto, lo que viene ahora contra Luis Ignacio Lula Da Silva.