Un gran jurado conocerá las imputaciones que hace el Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra el senador por New Jersey Robert Menéndez y su amigo Salomón Melgen, por aprovechamiento de las funciones oficiales para realizar favores particulares, en beneficio propio y de su amigo el benefactor económico de la campaña del demócrata de origen cubano.
El oftalmólogo y empresario Salomón Melgen, de origen dominicano, está en esto momento en el centro del escrutinio público de los medios de comunicación en los Estados Unidos.
Analizado el expediente, dado a conocer la pasada semana, son pocos los medios que no han dicho con claridad que se trata de un tema delicado, que debe ser abordado con toda la profundidad y, al mismo tiempo, escarban en datos aportados por los investigadores, para desentrañar muchas de las informaciones que consideran valiosas.
No escapan al interés de los medios de comunicación impresos, digitales, televisión y radio, revistas, además de publicaciones especializadas, los viajes de Menéndez a la República Dominicana, sus paseos en el avión de Menéndez, el tema de las novias del oftalmólogo, la búsqueda de visas para las chicas, la disposición de todo el personal de la oficina del senador al servicio de las urgencias de Melgen, las deudas de Melgen con el sistema de provisión de salud, los correos electrónicos entre ambos personajes y otros detalles, entre los que se encuentran las coincidencias de fechas y entregas de dinero, las donaciones de Melgen y sus familiares a los súper PAC del Partido Demócrata, entre muchos otros detalles.
Ya los diarios The New York Times, de Nueva York, y Washington Post, de Washington, solicitaron la renuncia de Menéndez a sus funciones legislativas dada la gravedad de la denuncia y la contundencia de las informaciones que contiene la acusación. Los pasaportes de ambos imputados ya les fueron quitados por un juez y tienen algunas limitaciones para moverse dado el conocimiento de este proceso, que podría ser largo, en el caso de que Melgen insista en defender a Menéndez.
Para las autoridades judiciales de los Estados Unidos lo que importa es la responsabilidad del senador, por su labor como legislador y por las derivaciones que tendría para el sistema político que una persona responsable de aprobar leyes e impulsar políticas, estuviera siendo manejado por alguien a través de favores económicos y sexuales.
Nadie puede probar, y menos en este caso, que Rafael Camilo haya actuado con deshonestidad. Fue valiente y firme, rechazó todas las presiones, y desde que ocupó la Superintendencia de Bancos por primera vez fue víctima de ataques y campañas asquerosas por parte del litoral de familiares de Melgen, por su rechazo al fraude bancario del 2003
El proceso tendrá que profundizar en datos que el Departamento de Justicia no quiso hacer públicos por el momento. Sin embargo, está claro que el proceso tiene relación con la República Dominicana. La relación no es sólo por la cuestión del sexo, o la inclusión de menores de edad en actividades de grupo, que estaría por demostrarse, sino por la empresa ICSS, propiedad de Melgen, que tiene un contrato de arrendamiento con el Estado para verificar con rayos X los contenedores que lleguen a la República Dominicana y que sería un negocio particular de aproximadamente 500 millones de dólares.
Menéndez realizó gestiones para impedir la donación de equipos de inspección de rayos X al Estado Dominicano, para que el gobierno respetara el contrato privado que había otorgado el gobierno de Hipólito Mejía a la familia Belinda Beauchamps, y que esta a su vez vendió a Melgen.
El Estado dominicana tiene una decisión, expresada por los directores de Aduana Miguel Cocco, Rafael Camilo y Fernando Fernández, en el sentido de rechazar el contrato con la compañía ICSS. El Ministerio de Defensa dominicano rechazó el contrato, y lo mismo hizo en forma reiterada la Procuraduría General de la República, además del sector privado, con la Cámara Americana de Comercio y el Consejo Nacional de la Empresa Privada.
Rafael Camilo, único director de Aduanas mencionado en el expediente, es presentado como alguien deshonesto. Esa versión forma parte de una trama para desacreditar la posición firme, invariable, que mantuvo la Dirección General de Aduanas contra la instalación de los rayos X de la empresa ICSS. Nadie puede probar, y menos en este caso, que Rafael Camilo haya actuado con deshonestidad. Fue valiente y firme, rechazó todas las presiones, y desde que ocupó la Superintendencia de Bancos por primera vez fue víctima de ataques y campañas asquerosas por parte del litoral de familiares de Melgen, por su rechazo al fraude bancario del 2003. Rafael Camilo, en este caso, es un hombre fuera de cualquier duda.
El gobierno dominicano debe entender que las gestiones de Menéndez fueron realizadas contra los intereses de la República Dominicana, para favorecer a sus amigos dominicanos, y en particular a Salomón Melgen. Es lo que dice el expediente del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Ese solo elemento deberá ser utilizado en las instancias correspondientes para anular ese contrato, de por sí leonino, que crea un monopolio en un área sensible y de gran relevancia para la economía y los intercambios comerciales con el mundo. El propietario de la empresa tiene ya serios cuestionamientos y ha puesto en duda la idoneidad suya y de su empresa para manejar un sector tan relevante como los contenedores que entran a la República Dominicana.
Habrá quienes defiendan a Menéndez y a Melgen, en Estados Unidos y en la República Dominicana. Y tienen derecho a defenderlos, pero no es posible que se les siga considerando personajes incuestionables, intachables, de solvencia moral excelsa ni padres de la patria nueva y moderna, como algunos quisieron presentarlos, a son de sus quejas de que había una conspiración para favorecer intereses espúreos. Ahora si sabemos dónde se encontraban los intereses oscuros, particularmente después de conocer las acusaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.