Finalmente el Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA) ha dado una demostración de que no está tan profundamente dormido, como parecía, y acaba de hacer caso a uno de los tantos llamados que le hemos hecho sobre la corrupción en la ARS-SEMMA.

Hotoniel Bonilla, el director del DPCA, necesita mover un poco más sus archivos y los demás expedientes que están en sus manos, transferidos desde diversas instancias, que tienen que ver con uso inadecuado de los recursos públicos.

El funcionario del Ministerio Público no puede permitir que su gestión termine sin pena ni gloria. El representa a una generación con un fuerte compromiso con el desarrollo del país y con la transparencia. No debe salir señalado como alguien que sólo se ocupó de los temas políticos, sin estar pendiente de los grandes desfalcos del erario público en la presente administración.

Nos alegra que el DPCA haya decidido actuar en el caso de la ARS-SEMMA, porque lo ocurrido en esa dependencia oficial, responsable de dar servicios de salud a los maestros, es una verdadera vergüenza, un despìlfarro impune del dinero destinado a ofrecer salud oportunidad y eficiente a los maestros del sector público.

Lo que dice el DPCA es que está solicitando medidas de coerción contra varios de los implicados, porque incluso existe la posibilidad de que traten de escapar a los mecanismos regulares de la justicia. Por eso el documento del PDCA dice:

“Solicitud de medidas de coerción a los involucrados en el caso del Seguro Médico para Maestros (SEMMA), porque se presume existe peligro de fuga en relación a varios de ellos. En ese sentido, están siendo enviados a la justicia los señores Dr. Fernando A. Conde Modesto, ex – Director Médico; Lic. Marcelino Rijo Guzmán, ex  Director Administrativo y Financiero; Lic. Eddy Leonardo Terrero Fermín, Encargado del Departamento de Auditoría; Lic. Luis Sánchez Paredes, Encargado del Departamento de Tesorería;  y Lic. Bélgica Díaz Moreno, Encargada de la Dirección de Educación, a los cuales se les investiga por el manejo de QUINIENTOS CUARENTA MILLONES DE  PESOS (RD$540,000,000.00), que según una auditoría preliminar de la Cámara de Cuentas han sido malversados a través de diversas modalidades fraudulentas,  lo que configura los tipos penales de prevaricación, desfalco y asociación de malhechores”.

El DPCA tiene que seguir investigando. Hay muchos elementos envueltos y varias personas adicionales que no están en el expediente, pero que por lo menos en apariencias recibieron millones de pesos de los maestros. Por ejemplo, habría que investigar a la firma de abogados PACESA y Asocs., que dirige el señor Simón Bolívar Cepeda Mena, quien recibió más de 26 millones de pesos por legalizar un contrato de adhesión que no era necesario.

Brindamos nuestro apoyo a la labor que realiza en este momento, y debe seguir hasta conseguir un objetivo de transparencia, Hotoniel Bonilla y su equipo del DPCA.