Hizo bien la Corte de Apelación de la Provincia de Santo Domingo, al revisar y cambiar las sanciones que había dictado un tribunal colegiado de esa misma provincia contra el ex alcalde de San Francisco de Macorís, Félix Manuel Rodríguez Grullón.
El sistema de justicia está en condiciones de demostrar que las decisiones judiciales son sencillamente la consecuencia de los actos ilegales cometidos por los funcionarios públicos. La gran mayoría de funcionarios de la administración gubernamental piensa que incumplir la ley no trae consecuencias. Creen que tienen la impunidad garantizada, porque una gran parte de ellos son del Partido de la Liberación Dominicana, que controla la Justicia, el Ministerio Público y el gobierno central.
La decisión de la Corte de Apelación aumentó de 5 a 8 años la condena de prisión contra Félix Rodríguez Grullón, condenado por corrupción, al mismo tiempo que aumentó de 5 a 30 millones la compensación que tiene que pagar al Estado el funcionario, luego de producir un desfalco por el orden de los 450 millones de pesos.
El fallo incluyó una condena de 5 años de prisión domiciliaria contra la exfuncionaria Fiordaliza Genao, la cual había sido descargada en la sentencia anterior, pese a las responsabilidades que tenía en el ayuntamiento y ser una de las ayudantes en el desfalco contra el erario público.
Los funcionarios dominicanos actúan irresponsablemente con los fondos públicos. Aquí fue quebrada una Mina de oro, fue desfalcado el Hipódromo, fue destrozado el Consejo Estatal del Azúcar, la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, la OMSA, el Metro de Santo Domingo, los Comedores Económicos. Todo es posible, y las sanciones a los desfalcadores se quedan en pálidas sugerencias de algunos fiscales, que no son tomadas en cuenta por los jueces, o sencillamente se convierten en denuncias de las entidades políticas de oposición o de la sociedad civil.
Por eso hay que saludar y aplaudir la variación de la sentencia contra el ex síndico de San Francisco de Macorís, Félix Manuel Rodríguez Grullón, por parte de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo.