Los abogados de la familia Hernández Bona, imputada hoy por captar depósitos del público de manera ilegal vía una empresa relacionada al banco de ahorro y crédito de su propiedad, opinan que este medio está en una campaña de “populismo judicial” contra sus clientes. Dicen que los reportajes del caso no son objetivos, que se basan en informaciones parciales, que distorsionan la realidad y que atentan contra la presunción de inocencia de sus defendidos.
Curiosamente, el interés de la serie de artículos sobre el Banco Providencial surge de estos mismos abogados que utilizaron profusamente los medios de opinión pública para difundir su teoría del caso: sus clientes estaban siendo despojados de sus empresas y su patrimonio personal por una conspiración entre las autoridades supervisoras e inversionistas extranjeros. En una de las primeras noticias por televisión, en el conocimiento de las medidas de coerción a los imputados, uno de los abogados la expuso, hizo énfasis en la nacionalidad de los inversionistas y avanzó que someterían por corrupción a los funcionarios que actuaron en el caso. Del Palacio de Justicia se fueron a las cabinas de los programas interactivos de mayor difusión por radio y televisión, mientras matutinos y vespertinos destacaban sus osadas imputaciones contra las autoridades y la injusta persecución de sus clientes.
A esta ofensiva mediática de abogados que ahora exigen moderación y objetividad a los medios de comunicación para no influenciar a la justicia en contra de sus defendidos, el Asesor Legal de la Superintendencia de Bancos le hizo frente con participaciones en programas y notas de prensa. De esta manera se empezó a conocer detalles de los serios problemas de liquidez y solvencia de la entidad propiedad de los Hernández Bona. También del entramado de relaciones con empresas vinculadas que terminaron esfumando activos de la entidad por RD$800 millones y de la captación ilegal de depósitos del público por una inmobiliaria.
De esta confrontación surge el interés de Acento para hacer una investigación periodística más profunda. Los reportajes tienen como fuentes principales las resoluciones de la Junta Monetaria, el informe de los auditores externos y las estadísticas del desempeño mensual de los bancos que publica la Superintendencia de Bancos. Estos han mostrado que la liquidez era falsa, que la cuenta por cobrar a un vinculado era incobrable y que ambas partidas suman activos inexistentes por RD$800 millones.
Los abogados insisten en su respuesta a los reportajes de Acento, que el problema de la liquidez del banco era temporal, un desfase, y que la compañía vinculada tenía la deuda con el Providencial era solvente, es decir, tenía fondos para pagar esa cuenta. ¿Dónde está, entonces, el efectivo por RD$800 millones? No aparecen unos RD$300 millones que la contabilidad aseguraba estaba en la caja del banco, agencias de cambio y en su remesadora Herbon Envíos. Tampoco aparece el efectivo por RD$500 millones con que ésta empresa iba a honrar la cuenta con el banco. En los informes oficiales tampoco hacen mención de esta primicia que aportan los abogados de la defensa: la existencia de una disponibilidad de efectivo por RD$123.3 millones por parte de la familia Hernández Bona.
Mientras no aparece la revelación de dónde están los recursos esfumados del balance del Banco Providencial, estamos recolectando evidencias que confronten estas dos versiones sobre la liquidez. El caso de una demanda laboral, ganada por un exempleado, muestra que se le hacía el descuento de la Tesorería de la Seguridad Social, TSS, pero que el pago no fue reportado en octubre 2015. Esto puede ser indicio de una situación irregular de cobro y no reporte para proteger una liquidez precaria. Tenemos copia de una demanda de una empresa de cobro compulsivo externos, por el no pago de la proporción que le corresponde por gestiones a los clientes en atraso.
¿Cuál es la situación de las cuentas por pagar a suplidores de esa entidad por servicios de información crediticia, almacenaje externo de documentos, plataforma transaccional del banco o “call bancario”, sistemas para compra y venta electrónica de divisas, primas de seguro y equipos de oficina, entre otros? La alta liquidez que en libros presentaba el Banco Providencial también lo hacía sujeto de crédito de otras entidades financieras. ¿Cuál era la situación de estas deudas con la banca?
Investigar si se estaba o no al día es un elemento importante para determinar la gravedad o no de la situación de liquidez y con su comprobación al alcance de la investigación periodística. Llegar no puede, sin embargo, al registro diario de su cumplimiento con el Encaje Legal y su comparación, en casos de insuficiencia, con el efectivo que en bóveda decía tener la entidad, dato que las autoridades deberán revelar en su momento. Con estos nuevos elementos más la versión que ahora formalmente producen los abogados de la defensa, prometemos seguir investigando el caso.
Un dato curioso de éste documento es que los abogados consideran a sus clientes con calidad para ser parte de la solución del problema de la entidad, a pesar de la desaparición de RD$800 millones en activos. Se apoyan en el aporte que hacen de inmuebles personales y que en la contabilidad quedaban todavía RD$229 millones que, tal vez piensan es imputable a su gestión administrativa. El hoyo es mi responsabilidad, pero lo que queda es mío. En realidad, no es así que funcionan las empresas. El inversionista pone capital que le permite apalancarse y adquirir pasivos, depósitos y financiamientos, con los cuales genera activos productivos. Si estos activos se pierden o esfuman, el accionista cobra de último si queda algo. Los RD$229 millones restantes del lado de los activos no daban para cubrir los pasivos líquidos, ni un solo peso de capital iban a recuperar de la empresa quebrada, pero querían negociar de la manera dolosa. Lo admitieron. No pueden argumentar que esos activos son una creación de valor por su gestión, son más bien los que llegaron a salvarse de caer en el hoyo negro que succionaba los activos de la entidad.
Los abogados han reiterado sus graves imputaciones contra las autoridades monetarias y los inversionistas extranjeros. Su documento merecerá nuestro análisis y respuesta más exhaustiva en otra entrega. Somos amigos de la búsqueda de la verdad. No somos enemigos de nadie. A diferencia del tipo de abogados que sólo piensan en ganar a toda costa el caso para su cliente, podemos darnos el lujo de ser objetivos e imparciales a la hora de hacer un análisis.
Finalmente entendemos y respetamos a quienes por obligación contractual tienen que teorizar en los tribunales que su cliente complació a la abuelita que rogaba por el suicidio asistido y consentido por parientes; que se disfrazó para hacer una broma a Caperucita, quien en realidad era mayor de edad y fue la iniciadora del ataque violento que lo obligó a defenderse con gallardía, antes de ser herido vilmente y por la espalda, por un cazador gatillo alegre que lo tenía amenazado de muerte.