Fue Juan Pablo Duarte que dijo, en su proyecto de Constitución, que el crimen jamás queda impune. Sin embargo, para que tal cosa ocurra debe haber autoridades interesadas y diligentes haciendo su trabajo. "El crimen no prescribe ni queda jamás impune”, esa fue la frase escrita por el patricio dominicano.
En 2017 hubo un crimen que debe ser aclarado y que aún mantiene indicios de oscuridad, y que la familia de la víctima realiza esfuerzos para que la justicia no se convierta en tapadura de responsabilidades de por lo menos tres personas importantes en este suceso, y que extrañamente, fueron excluidas del proceso sin justificación.
Estamos hablando del terrible asesinado del abogado Yuniol Ramirez, profesor universitario y activo litigante y denunciante de operaciones ilícitas. Es un crimen que no puede ser olvidado. El cadáver de Yuniol Ramirez apareció con una cadena gruesa alrededor del cuello atada a su vez de un block, en el arroyo Barina, en el kilómetro 14 autopista Duarte, entre Manoguayabo y la comunidad de Caballona, en el municipio Santo Domingo Oeste, el 12 de octubre del 2017.
Las indagaciones condujeron a las responsabilidades del director de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), y varios empleados y a suplidores muy bien relacionados con el señor Manuel Rivas.
El ejecutivo financiero de la OMSA, Argenis Contreras, resultó responsable, huyó del país y luego fue extraditado. Por las actuaciones del Ministerio Público del pasado gobierno se cree que el ingeniero Manuel Antonio Rivas, el empresario Eddy Rafael Santana Zorrilla, y el oficial Faustino del Rosario, quedaron fuera del expediente, por falta de pruebas. Sin embargo, la investigación no fue convincente, y un tribunal ordenó a la fiscal del Distrito Rosalba Ramos investigar las pruebas en sus manos, los celulares de los tres excluidos, que no fueron investigados. Ramos se resiste a cumplir ahora con la decisión del tribunal, y el abogado de la familia de Yuniol Ramirez ha procedido a someter a la justicia a la señora fiscal del Distrito Nacional.
El crimen jamás debe quedar impune. Ese precepto parte de que las autoridades no pueden ser cómplices de los criminales, y como tales no pueden ocultar pruebas, ni excluir peritajes que revelan datos para que el crimen no quede impune. Una cosa es que Argenis Contreras asuma la total responsabilidad del asesinato, y otra muy distinta es que haya autores intelectuales, personas que tomaron la decisión, ordenaron que se ejecutara, y queden fuera por falta de peritajes. Los teléfonos celulares de Manuel Rivas, Eddy Rafael Santana y Faustino del Rosario tienen datos importantes en este proceso, que debe incluir a los que estaban en el Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana.
El PLD ha dicho recientemente que no es responsable de los actos cometidos por personas que son parte de esa organización, porque cada quien debe asumir las responsabilidades por sus actos. Y tiene toda la razón. Se entiende que el gobierno anterior no asumía el crimen como un acto propio, oficial, y que si algún funcionario lo cometió, lo hizo bajo su única responsabilidad.
La Procuraduría General de la República, bajo responsabilidad de Jean Alain Rodríguez, no hizo la investigación completa, y lamentablemente simuló haber solicitado la extradición de Argenis Contreras, quien se marchó a los Estados Unidos, y allí fue apresado, pero nunca extraditado porque las autoridades locales no hicieron las diligencias de lugar para su retorno al país.
La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, tiene que proceder con el cumplimiento del mandato de un tribunal, que decidió la investigación de piezas que están en su poder, los teléfonos celulares de tres implicados sospechosos, aunque excluidos por una investigación insuficiente y deficiente.
Para que se pueda cumplir con la frase convincente de Juan Pablo Duarte, de que el crimen no prescribe ni jamás queda impune, hace falta que las autoridades tengan la decisión de cumplir con su deber y aplicar la ley y el mandato de la justicia. Es lo que le falta a la señora fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos.