Seis candidatos presidenciales de la oposición ofrecieron este viernes una declaración conjunta, en una rueda de prensa en la que dieron lectura a un documento consensuado entre ellos, que entre otras cosas, solicitan de la Junta Central Electoral el conteo manual de todos los votos emitidos en las elecciones del pasado domingo.
El documento se resume en cinco puntos:
- El escrutinio de los votos a nivel presidencial, municipal y congresual se hizo en violación de la ley electoral 275-97 y está plagado de irregularidades, incongruencias y manipulaciones.
- Los candidatos presidenciales que firman la declaración dicen haber acudido a la JCE y haberse reunido con tres miembros del Pleno del organismo y advertido que para garantizar una votación y escrutinio transparente y confiable, era necesario cumplir con la ley electoral, y que el conteo manual era imprescindible en los tres niveles.
- Que las denuncias, pruebas de fraude e irregularidades afectan los tres niveles en todo el país, de forma grave en el nivel presidencial, y esto menoscaba la legitimidad de los resultados ofrecidos hasta el momento.
- Que la situación es más grave por las fallas estructurales detectadas en el escrutinio, en particular sobre la contabilidad de los votos preferenciales para diputados, debido a que en muchas demarcaciones hay ausencia de miles de actas C1, lo que materialmente impide la distribución de escaños de la Cámara de Diputados.
- Exigen el conteo manual de la totalidad de los votos en los tres niveles de elección, y en los de ultramar, “como única forma de transparentar la voluntad del pueblo dominicano expresada en las urnas”.
La petición está firmada por Luis Abinader, Guillermo Moreno, Minou Tavarez Mirabal, Elías Wessin Chávez, Pelegrín Castillo y Soraya Aquino, seis de los siete candidatos presidenciales de la oposición.
Si la transparencia es lo que impera, y si la JCE acoge las recomendaciones de la OEA y de los demás organismos internacionales que llegaron como observadores, lo correcto es que las demandas de los candidatos de la oposición sean satisfechas.
La tradición de los procesos electorales dominicanos es que siempre se niega el derecho a revisión, y al conteo y reconteo de los votos, porque hay procedimientos administrativos que no se cumplen. La norma de la JCE es sepultar en un almacén las boletas de las elecciones, o destruirlas de forma inmediata como está ocurriendo en algunos centros como Santo Domingo Norte, para eliminar la posibilidad de cumplir este tipo de demanda.
El gobierno y la JCE están en el deber de escuchar y buscar formulas legales de satisfacer la mayor parte de las demandas de la oposición. Hay candidatos que entienden que deben anularse las elecciones, lo que resulta imposible.
Ni siquiera las fraudulentas elecciones de 1990 y las de 1994 fueron anuladas, y lo que se logró en 1994 fue un acuerdo político para reducir a dos años el período presidencial.
Al presidente Medina le conviene que terminen los alegatos de ilegitimidad de su elección que se están alegando, y que despeje el ruido que podría acompañarle durante su nuevo mandato de gobierno 2016-2020.
Lo que ya resultará insostenible será una JCE bajo la presidencia de Roberto Rosario Márquez.