Unas 769 mil personas padecen de ceguera en la República Dominicana, de acuerdo con los datos aportados este año por el Patronato Nacional de Ciegos.
El Patronato apenas recibe recursos para atender al 2% de las personas con ceguera, y para nadie es un secreto que la falta de visión es un impedimento, en especial en un país como la República Dominicana, más no representa ni significa la ausencia total de actividades o la falta de incorporación a la vida productiva.
Los más pobres entre los pobres, en especial a partir de los 45 años, se encuentran entre la población más propensa a la ceguera, ya sea por falta de atención a tiempo, por descuido, accidentes, enfermedades mal atendidas o trabajos que reducen y anulan la visión.
Pero lo más grave no es que tengamos casi 800 mil personas con falta de visión. Lo más grave es la falta de educación y solidaridad de los videntes con los no videntes. En especial los conductores de vehículos públicos y privados, que no respetan a los peatones y no tienen consideración con la población con ceguera cuando sus miembros se desplazan por las diversas vías de la capital y las provincias.
Las autoridades no han tomado en cuenta el alto porcentaje de personas con ceguera, más los que tienen impedimentos físicos, los que andan en sillas de rueda, los que tienen discapacidades motoras, pues las vías públicas no los incluyen, ni se crean facilidades para su desplazamiento.
El Ministerio de Educación realiza un esfuerzo, a través de su Departamento de Educación Especial, pero resulta pequeño este esfuerzo oficial, que no incorpora otros departamentos ni áreas gubernamentales para apoyar a los ciegos y a las demás personas con discapacidades.
El área de la cultura debía incorporar a estas personas, lo mismo que los ministerios de Obras Públicas y Salud Pública, y los ayuntamientos debían adoptar políticas inclusivas, que tomen en cuenta las necesidades de estas personas.
Habrá quienes digan que se trata de una población especial y reducida. Precisamente por eso, es necesario que se adopten políticas públicas para incorporarlas, ayudarlas a su inserción en las labores productivas, y a que en su desplazamiento no sean atropelladas por los conductores abusadores, que se desplazan violentando todas las normas de seguridad.
Debemos apostar a la adopción de políticas que tomen en cuenta estas personas. Y no contentarse con ello, pues las demás personas con discapacidades, trastornos, síndromes, retrasos tampoco reciben del Estado la atención y los cuidados necesarios,
Un país que brinde, desde el Estado, un tratamiento miserable a las personas afectadas por discapacidades, como la ceguera y otros impedimentos, comete una de las grandes discriminaciones, al dejar a estos ciudadanos bajo la responsabilidad exclusiva de sus familiares, que muchas veces tienen muchas otras necesidades y carencia de empleos. Hace mucha falta que el Estado sea más decidido en apoyar a los ciegos y a los demás afectados por impedimentos físico-motores.