Editorial

Apostamos a una salida pactada, pero estamos en completa incertidumbre política

Por Acento.com.do


La Junta Central Electoral inició a las 10 de la mañana una audiencia para que los partidos políticos expresaran sus criterios sobre la suspensión de las elecciones del pasado domingo. Esa sesión se extendió hasta avanzadas horas de la tarde. Sirvió de desahogo no sólo para los representantes de los partidos, sino para los propios miembros titulares de la JCE, como el caso del doctor Roberto Saladín, que nuevamente vuelve a demostrar que tiene un temperamento intempestivo y volcánico, cuando se trata de defender su honorabilidad.

Los partidos se extendieron más allá de lo esperable. Hubo que escuchar todas las acusaciones, versiones, ataques, defensas e historias. Parecía más que todo una catarsis política sobre las frustradas elecciones del 16 de febrero. Interminable la sesión. Pocos medios de comunicación completaron las transmisiones de esa audiencia.

Mientras tanto, los jóvenes que cada día se han reunido en la Plaza de la Bandera, frente a la sede central de la Junta Central Electoral, se activaban llamando nuevos seguidores para a las 5 de la tarde volver con más bríos con sus reclamos de esclarecimiento de la anulación de las elecciones del 16 de febrero y la renuncia de los miembros titulares de la JCE.

La Policía Nacional seguía en sus esfuerzos para convencer al país de que realiza una investigación sobre la afectación del sistema del voto automatizado. Puso en libertad al técnico de la empresa Claro, Manuel Regalado Martínez, pero posteriormente lo retuvo para continuar con sus interrogatorios. Claramente violatoria la detención. Tampoco pudo convencer a nadie de que el técnico no fue torturado. Alicia Ortega recibió declaraciones del empleado de Claro, de que fue interrogado por 10 horas, golpeado y que teme por su vida.

Sigfrido Pared Pérez, director del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), defendió el rol jugado por el coronel Koji Maruyama, en el sentido de que estaba asignado a estar en el Departamento de Operaciones de Herrera, de la empresa Claro, como parte de la Policía Electoral. El técnico de Claro tomó fotografía al carnet de Koji Maruyama, y entregó esos datos y la confesión de que estaba interviniendo el sistema de cómputos de la JCE, por puertos abiertos, a un coronel de la Policía Nacional asignado a la seguridad de Luis Abinader, candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno.

Koji Maruyama fue compañero de la XXIV promoción General Gregorio Luperón, de los oficiales de Infantería (1981-1984), del actual ministro de Defensa, mayor general Rubén Darío Paulino Sem. Aunque el hecho de haber compartido una promoción no justifica que se les vincule tantos años después, sin embargo, son conocidos y el rol que ha jugado ahora Koji Maruyama es muy dudoso, y no ha sido investigado, interrogado, llamado a dar explicaciones ni nada que se parezca.

El ámbito político, para la búsqueda de una solución a la crisis, ha quedado en manos de la JCE. Allí, sin embargo, el cuadro no pinta bien. Está muy oscuro y difuso. Y en la parte de investigación criminal, administrada por el DNI y la Policía Nacional es más que dudoso, parece enmarañado y sin justificación. Han creado un expediente sin pie ni cabeza, donde los investigados son los que detectaron una intención fraudulenta y no los que intentaban o intentarían dañar el sistema del voto automatizado.

Ojalá encontremos el camino del diálogo fructífero. Es lo que conviene. Sin embargo, el trayecto que lleva la crisis es para complicarse cada hora que transcurre, cada día, y es muy probable que el DNI y la PN no tengan posibilidad de desandar sus pasos, y produzcan una tragedia de mayores dimensiones que la conocida hasta ahora. Desacreditada la JCE, se cierra el camino a una solución viable. Desacreditada la PN y desacreditado el DNI, por sus propias acciones, el país queda en manos de la incertidumbre.

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