Las últimas encuestas publicadas identifican la inseguridad ciudadana como el más serio y preocupante de todos los problemas a que se enfrenta la sociedad dominicana. Aproximadamente el 70% de la población sostiene que la falta de seguridad, la violencia, los asaltos son los temas que más inquietan al país.
La respuesta del gobierno ha sido organizar un sistema de emergencia, al que ha llamado 911, en el que se concentran los organismos oficiales responsables de responder ante situaciones de peligro, que incluye bomberos, defensa civil, Policía, hospitales, entre otras instituciones.
Es contradictoria, contraproducente que precisamente sea la ciudadanía quien responda tratando de boicotear el esfuerzo oficial. Se dirá que se trata de personas desaprensivas, que utilizan vandálicamente sus teléfonos para llamar y molestar en el sistema de emergencia, reportando casos inexistentes.
Se podrá argumentar sobre falta de oportunidad, fallos, deficiencias en el proyecto del gobierno, pero resulta indignante y hasta frustrante la gran cantidad de llamadas maliciosas que se siguen recibiendo en la propuesta del gobierno para reducir las emergencias, hacer frente a la delincuencia y ponerse al servicio de la ciudadanía.
El procurador Francisco Domínguez Brito informó que el pasado fin de semana fueron apresadas 17 personas por llamadas molestosas al sistema de emergencias 911. Una parte de las llamadas fueron realizadas por niños que viven con abuelos y que no tienen la supervisión adecuada.
Además de los apresamientos que se han realizado, hay que recordar que legalmente existen normas que condenan las llamadas maliciosas, y que para este caso es necesario recordarlas y poner en vigencia las sanciones que ellas se contemplan.
Las llamadas telefónicas maliciosas a las personas se sancionan de conformidad con el artículo 338-1 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97, sobre violencia intrafamiliar y doméstica, que establece prisión de seis meses a un año y multa de diez mil a veinte mil pesos por llamadas maliciosas y molestosas.
Recuperemos el respeto a la ley, y comencemos a aplicar lo que dispone el Código Penal y la Ley 24-97 en estos casos. Y de ese modo ayudemos a las autoridades a reducir el riesgo que implican estas llamadas maliciosas, que podrían p frustrar o afectar el mayor y mejor esfuerzo del gobierno para enfrentar las emergencias y reducir la delincuencia.