Las palabras de la directora del Plan Social de la Presidencia de la República, Iris Guaba, aún causan un ruido innecesario en el ambiente comunicacional y electoral. Su llamado a un grupo de activistas de las redes sociales para atacar a los periodistas y políticos adversarios del gobierno, y las “orientaciones” que ofrece, brindando argumentos para los ataques, dan la impresión de una política comunicacional rudimentaria, artesanal, sin propósitos comunicacionales claros.
El efecto de este tipo de acciones es, generalmente, contraproducente. Si el gobierno se ha gastado tantos millones en asesorías y el establecimiento de una red de creadores de opinión, habrá que suponer que las decisiones de la señora Guaba están alejadas de los planteamientos de la Dirección de Comunicación de la Presidencia de la República (DICOM).
Ni Huchi Lora ni Altagracia Salazar, por más opositores que sean, merecen ser atacados acusándoles de oponerse a los pobres o a las políticas gubernamentales que favorecerían a los pobres. Eso no es cierto, y lo saben en el Plan Social de la Presidencia. Son periodistas honestos, reconocidos como insobornables, y son críticos y hasta adversarios del gobierno, pero eso es algo a lo que tienen absoluto derecho. No debe patrocinarse desde el Estado, ninguna institución pública puede hacerlo, el ataque a los críticos del gobierno. Y menos con mentiras inventadas a prisa.
Es un caso que ha sido mal manejado. Se filtró a inicios de semana la orden de compra del Plan Social de la Presidencia por 380 millones de pesos en electrodomésticos. Una filtración es ya un serio problema interno. Hubo confirmación de la compra y de que el documento era real y las críticas se incrementaron, incluyendo una instancia elevada por el Partido Revolucionario Moderno ante la Junta Central Electoral para que el gobierno detuviera la labor “social” porque tenía un fuerte olor a clientelismo electoral. La JCE sugirió que se detuviera el programa. El Ministro de Interior, José Ramón Fadul, actuó en este caso como vocero del gobierno y su declaración pareció más un exabrupto que una respuesta política. Posteriormente se filtró una grabación de la señora Guaba instando a personas activistas en las redes sociales a atacar a Huchi Lora, Altagracia Salazar y e Orlando Jorge Mera.
La lista de errores es continua y no ha habido intervención de la Dirección de Comunicación de la Presidencia de la República. La señora Guaba puede ser diseñadora o funcionaria eficiente, pero no puede ser vocera del gobierno y menos de la Presidencia de la República. Cuando un problema de comunicación se detecta, y puede extenderse y hacer daño, lo correcto es ponerle fin con inteligencia y prontitud. El presidente de la JCE ofreció una oportunidad al gobierno para salir airosamente del altercado. Pudieron haber dicho “vamos a revisar el programa” o “vamos a analizar la recomendación del presidente de la JCE”. Y esperar una semana. Hasta las elecciones.
La complicación se convirtió en un daño de imagen en el momento en que la señora Guaba transmite un mensaje (evidencias hay de que lo hizo en forma improvisada, con cierta desesperación, y hasta nerviosa) con recomendaciones agresivas contra las personas mencionadas. Pudo haber incluido otros nombres. Pero la grabación se filtró y se expandió como pólvora en las redes sociales y los medios de comunicación. El daño es irreparable. El gobierno queda tachado como agresivo, mentiroso, que inventa improvisadamente mensajes comunicacionales, y más para dirigirlos contra comunicadores críticos, pero que tienen conducta ética sin cuestionamiento alguno, no se venden, no resultan ser bocinas al servicio de terceros, y son personas de convicciones.
La conclusión que podría extraerse de este escándalo es que el gobierno quiere hacer clientelismo político con los fondos públicos y los programas sociales del gobierno, que hay desesperación para influir electoralmente, pese a que el partido oficial ha dicho que no tiene forma de perder las elecciones municipales en todo el territorio nacional. Es obvio, dejar que Iris Guaba manejara este asunto, como funcionaria y responsable del Plan Social de la Presidencia, ha sido un error. Precario resultado que ha puesto en evidencia prácticas que debieron quedar en el pasado. La experiencia no se improvisa, y menos en tiempos de elecciones como los que vivimos.