Ahora que el año se inicia, y que el país tiene la posibilidad de pensarse en perspectivas y objetivando los potenciales logros que desea parea el 2018, hay que estimular las buenas acciones, las iniciativas renovadoras, las propuestas diferenciadas del status quo político e institucional, y muy especialmente a las entidades y personas que trabajan por el cumplimiento de la ley.
La institucionalidad podría ser un buen propósito para el país. Eso implica respetar las normas legales y constitucionales establecidas, incluidas la independencia del poder judicial, el respeto a la no reelección consignado en el artículo 124 de la Constitución, para el caso del presidente Danilo Medina, y re-orientar los fondos públicos que se utilizan en políticas clientelistas en efectivamente reducir la pobreza y la desigualdad.
La independencia del poder judicial sigue siendo fundamental para que este país pueda echar hacia adelante. El empoderamiento de los jueces, la seguridad jurídica, la sanción contra los magistrados corruptos y apegados a los partidos políticos son tareas fundamentales para que el poder judicial obtenga la posición que le corresponde en el ordenamiento institucional del país. Lamentable el escenario que tenemos cada año de magistrados representando a la Suprema Corte de Justicia, al Tribunal Constitucional y a las demás instancias judiciales que son cuadros políticos, que representan intereses muy particulares y que actúan desvergonzadamente como si se creyeran los desvencijados reglamos que formulan sobre la ética en las institucionales judiciales y que quieren la independencia. Ellos retienen esa independencia y la aprisionan a favor de los intereses políticos a los que sirven.
La necesidad de quitarle la dependencia del Ministerio Público del Poder Ejecutivo. Los países que se respetan y que hacen valor la separación de los poderes han conquistado a los fiscales independientes como una de las garantías fundamentales del control de los poderes abusivos que asumen el ejecutivo y los legisladores. Los fiscales independientes son la garantía de que el Poder Político no sea quien adopte las decisiones más importantes sobre temas de corrupción y transparencia, como ha ocurrido con numerosos casos de corrupción en la República Dominicana. No se sanciona la corrupción, tampoco se sanciona a los corruptos, y menos a los políticos que forman parte del entramado. La impunidad es la garantía para seguir desguazando a la sociedad, y eso sólo es posible con fiscales narigoneados por políticos y funcionarios. Países que han avanzado contra la corrupción, como Brasil, Perú, Colombia, lo han conseguido con fiscales independientes, probos y dedicados a representar los intereses de la sociedad en el buen manejo de los fondos estatales.
La República Dominicana carece de estrategias transformadoras de equidad, ha dicho el sacerdote jesuita Mario Serrano, con toda razón. Las actuaciones del gobierno en políticas públicas tienen tintes poliquiteros, van dirigidos a conseguir las adhesiones de las personas en los procesos electorales y no a reducir la desigualdad y la pobreza. La inequidad es iniquidad en la República Dominicana. Quien está en la pobreza no tiene forma de salir de la pobreza, porque las políticas públicas no se han concentrado en generar riqueza, sino en ampliar el gasto social para dádivas que al final son señuelos para captar votos en los procesos electorales. Por eso cada senador, cada diputado y cada ministro tiene su propio presupuesto de dádivas sociales, planes de repartición, para cobrar esos fondos públicos en los procesos electorales.
La política y los políticos no tienen que dominarlo todo. Hay que desear grupos de la sociedad civil más empoderados, sindicatos empresariales más pasados al momento de expresar sus puntos de vista sobre los problemas del país. Tenerle miedo a lo que el gobierno pueda hacer contra los grupos empresariales, por una crítica, es cerrar la posibilidad del ejercicio democrático. La dictadura pasó a la historia en la sociedad dominicana. La gente debe tener derecho a expresarse, a reclamar su derecho a participar, y a ayudar en la construcción de un país más próspero, con más exportaciones, con una balanza comercial positiva con el mundo, con muchos más turistas disfrutando de nuestras riquezas naturales y culturales, y con servicios públicos de calidad para toda la sociedad, incluyendo los servicios de educación y salud.
Ojalá que podamos atender algunos de estos desafíos, y en particular que podamos resolver de una vez y por todas aspectos tan esenciales para nuestro futuro como la competitividad, que incluye la superación del histórico y nunca resuelto déficit energético dominicano.