Cuando un extranjero llega a la República Dominicana y transita por las calles de Santo Domingo, entiende que se ha metido en un pandemonium. Si el visitante es un dominicano que ha vivido en Estados Unidos, Europa o algún otro lugar más o menos civilizado, encuentra que el país está retrocediendo.
Las normas del tránsito terrestre no se respetan. Existen solo para ser violadas y para que la gente se burle de ellas. Los agentes del tránsito no ayudan a mejorar esa visión terrorífica que se ha ido estableciendo, en el sentido de que impera la violencia y la falta de respeto.
Primero fueron los carritos del concho. No hay normas del tránsito para ellos. El cinturón de seguridad no se aplica a ellos, lo mismo que no hablar por el celular. Los semáforos en rojo no son para detenerse y permitir el paso de los que tienen derecho a cruzar porque el semáforo les autoriza con la luz verde. Detener el tránsito en una esquina, interrumpir el derecho de los demás para recoger a un pasajero. Todo es posible en la selva que se ha convertido la capital dominicana.
Luego fueron las guaguas del transporte público, las del CONATRA, FENATRANO, FENOTA-CASC y muchas otras siglas. Impusieron la violencia y la impunidad. Violentar el derecho a la gente a transitar se convirtió en un deporte, en una competencia. Y muchos de ellos llegaron a justificar la violación de las señales de tránsito, incluyendo la criminal acción de volarse los semáforos en rojo, en que los precios de los combustibles están muy caros y es el gobierno en que se beneficia de ello.
Y como estas violaciones son contagiosas, las jeepetas, los vehículos privados, los automóviles de los tutumpotes también comenzaron a violar las normas del tránsito, y los agentes de AMET comenzaron a asustarse, a no detener a los violadores, y poco a poco el tránsito de la ciudad es una terrible pesadilla.
Para completar el cuadro, cada funcionario de este gobierno transita por las calles y avenidas con vehículos de alto consumo, muchas veces protegidos con policías y militares, y hay varios casos que llevan franqueadores, quienes en vez de aportar para que los trayectos puedan ser más fluidos, crean mayores entaponamientos y verdaderas crisis en esquinas importantes.
Que lo haga la seguridad del presidente de la República, o del vicepresidente, es algo normal y entendible, pero que estas violaciones la hagan funcionarios, ministros, gente de segunda categoría en el aparato del Estado, es una verdadera desgracia. La gente ha visto a ministros del gobierno cruzando en rojo un semáforo en esquinas tan peligrosas y transitadas como la 27 de Febrero con Abraham Lincoln.
No hay autoridad. Ni el Ayuntamiento del Distrito Nacional, ni la Policía Nacional, ni la Autoridad Metropolitana del Transporte, ni la Oficina Técnica del Transporte Terrestre, ni nadie se ocupa de que el tránsito mejore. Esto es un verdadero absurdo.
Y como no hay autoridad, los talleres de mecánica se toman para sí calles muy transitadas. Cualquier vendedor ambulante se hace el dueño de un pedazo de una calle y adquiere un derecho que nadie le puede quitar, aunque interrumpa el tránsito. La gente se estaciona en cualquier sitio, en las esquinas, y hay carros de expendio de comida que ya tienen puntos establecidos en la Kennedy, en la Churchill, en la 27 de Febrero, y nadie hace nada. Hemos perdido el sentido de urbanismo. No hay criterios para defender lo público y lo privado. Y separar una cosa de la otra.
Grandes establecimientos comerciales han hecho lo que les ha convenido con las calles donde se encuentran. Han tomado la vía pública. No existe una calzada para peatones. El peatón no es gente, es la frase más común que se ha acuñado. Y mientras tanto, el gobierno se gasta miles de millones de pesos, cientos de millones de dólares, en la construcción de una segunda vía del metro que profundizará estas violaciones, o que por lo menos no aportará reducir todas estas barbaridades en el tránsito vehicular de la capital.
¿Quién podría asumir la responsabilidad de hacer que se cumplan las normas, las leyes, que se imponga la decencia? Eso no se logra con consejos. Hay que aplicar un sistema de consecuencias. Hay que quitar licencias, imponer multas altas, disponer de una especie de “tabula rasa”, sin distinción de personas, de vehículo o de rango. Quien viole las normas debe pagar su imprudencia. De lo contrario, estamos llegando al fondo del abismo.