La guerra que ha desatado en la Junta Central Electoral la forzosa renuncia de Miguel Angel García, el gerente general de Informática, ha permitido conocer los detalles de una crisis interna que venía corroyendo a ese organismo desde hace algún tiempo y que no lo hace ver todo lo confiable que debía aparecer para el conjunto de la sociedad dominicana.

El director de informática de hecho, Franklin Frías, es un hombre de dudosa reputación por lo que en el pasado dijeron los partidos de la Liberación Dominicana y Reformista Social Cristiano, y por lo que dice ahora el Partido Revolucionario Dominicano, que quiere su destitución.

Miguel Angel García llegó a la JCE de la mano de Agripino Núñez Collado y una comisión de notables que observaba el proceso interno para las elecciones del 2004. Todo el embrollo surgió con las dudas sobre la calidad e imparcialidad del trabajo del señor Franklin Frías. Sigue en la misma posición, pero ahora sin Miguel Angel García, quien ha dicho tener serias dudas sobre la idoneidad de que una persona como esa dirija el proceso de escrutinio de las elecciones. Es poner el país en manos de alguien en quienes pocos, muy pocos, confían.

Esa disputado ha traído nuevos elementos. El juez Eddy Olivares ha formulado numerosas quejas sobre el trabajo que realiza el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario Márquez. Una de las acusaciones es que Rosario Márquez atenta contra la institucionalidad de la Junta Central Electoral al desconocer de forma olímpica las decisiones del pleno de ese organismo.

Ya hubo una sesión del pleno en la que brotaron quejas de todos los colores. Incluso asuntos de carácter estrictamente personales, que no deben tener cabida en un debate sobre la organización de las elecciones dominicanas. El candidato del principal partido de oposición, Hipólito Mejía, ha dicho que cuando era presidente del país y le solicitaron la separación de Franklin Frías del área de Informática de la JCE, él fue de los que aceptó que ese paso se diera. Y ahora quiere que Franklin Frías no esté al frente del centro de cómputos. Sus razones tendrá, y una de ellas es que esa persona no es confiable.

Dos de los cinco miembros de la Junta Electoral de Santiago, una de las más importantes del país, renunciaron la pasada semana, en un aparente conflicto con el presidente del organismo a nivel nacional, Roberto Rosario. La JCE pareciera estarse convirtiendo en un órgano al servicio de un partido político. Esa percepción hace mucho daño a las elecciones del 2012 y a los propios jueces electorales.

El país superó muchos de los traumas del pasado, precisamente porque en la JCE, luego del paso de don César Estrella Sadhalá y muchos otros magistrados y magistradas, en 1996, espantaron el fantasma del fraude y las triquiñuelas. Ese fantasma pareciera estar retornando, y con unos bríos insospechados, porque el actual presidente del organismo tiene poderes plenipotenciarios que el pleno no le ha otorgado, y porque sus ambiciones buscan controlarlo todo.

Ya Roberto Rosario hizo intentos por auspiciar él mismo la observación electoral, y que quienes hicieran ese trabajo fuesen gentes y organizaciones que tuvieran que rendirle cuentas a él. Y eso nadie se lo cree ni tiene posibilidad de prosperar, que unos subalternos de organizador de las elecciones sean quienes observen ese proceso le validen todo lo que él haga.

Algo huele mal en la JCE. Son muchos los protagonismos negativos de la JCE, incluyendo el hecho de que el país está siendo sometido a un proceso de cuestionamientos porque en forma ilegal la JCE decidió no entregar actas de nacimientos a ciudadanos dominico-haitianos que tienen derechos adquiridos, porque nacieron en el país y porque toda su vida han vivido en su tierra, para que ahora la JCE les diga que no son ciudadanos dominicanos. Es una aplicación retroactiva de la combinación del jus soli con el jus sanguini de la nueva Constitución.

Algo huele mal en la JCE. El derrotero que lleva ese órgano no señala que estemos avanzando. Al parecer, en materia electoral estamos retrocediendo. Y todo esto ocurre con un proceso electoral en marcha y cuando aun no tenemos el Tribunal Superior Electoral designado ni constituido. Esto ocurre cuando a la JCE los candidatos le dicen que tome participación en la campaña electoral, como le corresponde, porque se están utilizando los recursos del Estado a favor de uno de los candidatos. Y la JCE no responde, siquiera, a las denuncias y peticiones de que mire y actúe.

No anda bien la JCE, algo huele mal en sus entrañas.