El Gobierno de la República Dominicana debe de pensar y estudiar muy bien la posición definitiva que va a asumir respecto a la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que condenó al país por las repatriaciones de haitianos y dominicanos entre 1999 y 2000, consideradas irregulares, y con relación a la Sentencia del Tribunal Constitucional dominicano que desconoce la autoridad del tribunal interamericano.
Además de las opiniones de especialistas en derecho internacional y de las críticas de organizaciones como Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (no confundir con la CorteIDH) ha hecho dos advertencias muy severas a República Dominicana.
La primera advertencia explicaba que la República Dominicana debe cumplir el fallo de la CorteIDH.
La segunda advertencia rechazaba el fallo del Tribunal Constitucional que desconoce la autoridad de la CorteIDH sobre la República Dominicana y que dejó sin efecto el acuerdo firmado en 1999 por el entonces presidente Leonel Fernández. La ComisiónIDH recordaba a las autoridades dominicanas que no podían evadir la obligación de cumplir la condena.
Una parte fundamental de la economía dominicana se sustenta en reglones que dependen del exterior, como las fábricas de zonas francas de exportación y el turismo, además de las divisas que recibe de las comunidades dominicanas que viven en el exterior
Ayer, viernes 7, el canciller de la República Dominicana, Andrés Navarro, dijo que el Gobierno “estudia” con sus abogados la advertencia hecha la víspera por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de que el país no puede negarse a acatar las sentencias de la CorteIDH.
“Estamos con nuestros abogados estudiando los diferentes escenarios que nos plantea” la situación y “próximamente estaremos informando cuál será la posición” del Gobierno, señaló Navarro en una rueda de prensa en el Palacio Nacional.
Creemos que es momento de pensar con cabeza fría y de consultar a verdaderos expertos, que recomienden cómo evitar sanciones y otras consecuencias negativas para el pueblo dominicano, sin que necesariamente se tenga que renunciar al principio de la soberanía.
República Dominicana mantiene relaciones diplomáticas y económicas con la mayoría de los países del continente.
Pero, sobre todo, una parte fundamental de la economía dominicana se sustenta en reglones que dependen del exterior, como las fábricas de zonas francas de exportación y el turismo, además de las divisas que recibe de las comunidades dominicanas que viven en el exterior (Estados Unidos-Puerto Rico, España, Italia, Venezuela, Argentina, etc.).
Y en materia de derechos y justicia, ¿a dónde acudiría una persona dominicana que luego de recorrer los tribunales del país considere que se le ha negado justicia? ¿Qué habría pasado, por ejemplo, con la familia del profesor Narciso González, si no hubiese podido acudir a la CorteIDH?
De ninguna manera la solución podría ser aislarnos del resto del continente y del mundo.
Corresponde a las autoridades del Gobierno dominicano tomar responsablemente las decisiones pertinentes.